Asoma el verano crece la violencia delictiva en Maldonado

Maldonado vive un rebrote de la violencia por estos días. El jueves 19, el asesinato del comerciante Darwin Miraballes, luego de que le intentaran asaltar su comercio el jueves 19 de octubre, generó impacto y también una movilización el lunes 23, en la que participaron más de 500 comerciantes fernandinos que dejaron una nota en la Jefatura de Policía del departamento exigiendo más seguridad.

El jueves 26, también en la capital del departamento, un delincuente armado con un revólver y a cara descubierta entró a un comercio, vació la caja registradora en cuestión de segundos, y fue captado por un captado por la cámara del local. Fue la tercera rapiña en un mes. A las diez de la noche de ese mismo día, en San Carlos, a un hombre de 36 años le dispararon dos veces mientras caminaba y lo hirieron en su antebrazo derecho, y una mujer de 18 años fue herida de un balazo en una pierna luego de que dos hombres rodearan su casa y le dispararan dos veces.

Pero la actividad para la policía de Maldonado siguió, porque horas después, sobre las seis de la mañana del viernes, recibieron una tercera denuncia: un hombre de 26 años, con antecedentes penales, fue encontrado muerto con siete balazos en el cuerpo.

“No nos preocupa tanto la cantidad de delitos que estamos viendo, como la violencia con que se están llevando a cabo y que se está instalando en la sociedad”, dijo a El Observador Daniel Pígola, presidente de la Unión de Comerciantes de Maldonado, muy preocupado porque se viene la temporada estival.

Pero también está inquieto por la sensación de incertidumbre que le provoca la implementación del nuevo Código del Proceso Penal que comenzará a regir justo en noviembre, en la antesala del verano, “y no en marzo o en abril”, como para Pígola hubiera sido más sensato si se pensara en el turismo y la falta de seguridad. Le preocupa cómo se llevará a cabo un sistema que, dice, es desconocido y provocará problemas de procedimiento.

Además, sostiene Pígola, el sistema introduce la reducción de la prisión preventiva.

En la nota que le presentaron al comisario mayor Erode Ruiz, jefe de la Policía de Maldonado –con quien El Observador intentó sin éxito el contacto–, los manifestantes exigieron que se aceleraran las investigaciones sobre el caso de Miraballes, que retornen los refuerzos de la Guardia Republicana –algo que se cumplió esta semana–, y que se aplique con mayor rigor la ley de faltas para controlar los disturbios ciudadanos. “Vemos a mucha gente desubicada tomando en la calle y haciendo desbundes”, dijo Pígola.

De todos modos, entre el gremio de comerciantes y la Jefatura de Policía hay un “buen diálogo”, destacó, y dijo las reuniones son frecuentes.

El intendendente de Maldonado, el nacionalista Enrique Antía, reconoció que la inseguridad creció en el departamento al menos en los últimos cuatro o cinco años.

“Por eso hemos hecho el esfuerzo de la inversión en el sistema de videovigilancia”, señaló el jefe comunal en referencia al programa Ciudades Inteligentes-Maldonado.

Actualmente, hay instaladas y en funcionamiento 1.070 cámaras, y llegarán a las 1.200 en julio del año que viene, adelantó el jerarca.

La instalación y desarrollo de este sistema en Maldonado fue lo que llevó a que los comerciantes de Rocha reclamaran por la misma inversión para su departamento, ante el temor que el delito se corriera desde las costas de Piriápolis y Punta del Este, hacia las de La Paloma y La Pedrera.

La tecnología sirvió para identificar y procesar a algunos protagonistas de los últimos sucesos delictivos, pero no parece tener el efecto de disuasión que se buscaba hace casi un año, cuando se inauguró el sistema, cree Antía. Para ello, dijo, se necesitan más efectivos en el departamento, “sin lugar a dudas”.

Incluso más de los 800 que se sumaron en el último año para asistir la videovigilancia, admitió. “Es algo que hemos pedido siempre al Ministerio del Interior, es un viejo reclamo del pueblo, pero cuando no se puede, no se puede”, lamentó.

Con el objeto de enfrentar un problema en el que “nunca se puede bajar la guardia”, sesiona cada 15 días una comisión departamental de seguridad, formada por el comando de la Jefatura de Policía, la Cámara Empresarial de Maldonado, la Liga de Fomento, la Intendencia y la Prefectura.

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Fuente: El Observador




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