Cuando la muerte es anunciada





Cuando existe una amenaza de muerte, un juez puede disponer la colocación de una custodia policial las 24 horas a un particular. Quién merece ser vigilado y quién no es una decisión difícil y, aunque tener protección personalizada es un privilegio, también puede ser una carga.

El fiscal Gustavo Zubía, la víctima de violencia doméstica Emilia Píriz y la testigo de homicidio Laura Tarmezzano tienen algo en común: a los tres los amenazaron de muerte y el Estado les dispuso una custodia policial para que los siguiera a sol y a sombra. A Zubía le mostraron un audio en el que se planificaba su asesinato, a Píriz su ex que la golpeaba le dijo que le iba a entregar a sus tres hijos en un cajón, y a Tarmezzano lo último que le dijeron antes de pegarle el balazo que acabaría con su vida fue: “Esto es por alcahueta”.

Un fiscal, una víctima y una testigo. Tres amenazas distintas, tres formas de vivir la custodia. Y ellos son de los pocos afortunados a los que se les ha concedido protección.

La ley 18.494 (que regula el lavado de activos y terrorismo pero incluye la protección de personas bajo amenaza en todos los casos), establece que se dará custodia policial cuando “existan sospechas fundadas de que corre grave riesgo su vida o integridad física tanto de ellos como de sus familiares”. La interpretación y aplicación de esta ley está en manos de cada juez, que sin una bola de cristal deben arriesgarse a tomar medidas, o no, ante un posible peligro. Para Zubía, con los años se aprende a identificar cuándo las amenazas son más o menos verosímiles, “pero cualquiera puede cuajar, hasta las que parecen que solo se dicen en caliente”, opina.

Para el abogado penalista Andrés Ojeda las custodias se conceden “a ojo y como les pinta” a los jueces. Y así como hay casos con finales trágicos de amenazas en los que no se decidió asignar protección policial, hay otros en los que es vista como excesiva. Hay custodias que permanecen contra la voluntad de la víctima. En organizaciones que luchan contra la violencia de género consideran que es “muy poco” lo que se hace para proteger a las potenciales víctimas.

“Se le da custodia a cualquier tipo de persona que pueda estar en riesgo”, dice la jueza Julia Staricco. Sin embargo, “no es muy frecuente” que esto ocurra, admite el juez Nelson dos Santos. “El criterio es la razonabilidad del pedido (en caso de que la pidan), el grado de exposición y el peligro que está enfrentando una persona”, explica. La jueza Staricco dice que la verosimilitud de la amenaza se determina en base a las pruebas que se tengan. En definitiva, “es a discreción del juez”, dice Dos Santos. Aunque no se concede protección personalizada en todos los casos porque sería logísticamente imposible, ambos jueces coinciden en que nunca, ante un pedido de custodia, se les indicó que no había personal disponible.

Aunque en el ámbito judicial se sabe que son casos “excepcionales”, no se puede determinar cuánta gente en Uruguay tiene custodia policial las 24 horas ya que no hay una unidad que lo centralice. Un juez determina que la amenaza a la vida de alguien es demasiado inminente —aunque no hay un criterio preestablecido para hacerlo más allá de la ley 18.494— y ordena una custodia, pero son las seccionales las que se encargan de cumplir la orden. Existe, sí, una división de custodia para “especiales”, como jueces, fiscales o delegaciones extranjeras. De esas personas se encarga la Unidad de Protección Especializada (UPE). Inteligencia también puede proveer custodia, pero solo lo hace por prevención a representantes políticos o personalidades.

Los jueces y fiscales sí pueden oponerse a ser custodiados tras una amenaza; deben ponerlo por escrito.

Las custodias, aunque pocas, pueden durar días, semanas o incluso meses. Según cálculos de El País, vigilar a una persona particular por un mes puede costarle al Estado unos $ 170.000 solo en sueldos de los seis uniformados que, en tres turnos diarios, pueden llegar a estar a disposición. Y muchas veces implica tener un patrullero parado imposibilitado de atender ninguna otra emergencia.

Las sombras protectoras son bordadas a medida: el tipo de custodia que se brindará depende del grado y tipo de amenaza, de dónde viva el custodiado, de qué actividades realice y de qué tipo de protección solicite. Las custodias pueden ir desde un patrullaje atento, hasta un acompañamiento de dos hombres durante 24 horas. A veces los rostros omnipresentes son más amistosos, a veces menos.

Hombres de negro.

A los especiales, como el fiscal Gustavo Zubía, los cuidan muy bien. Aunque va armado y estuvo tomando lecciones de tiro, al fiscal lo escoltan a donde va. Le “retacean” la libertad, se queja. Pero no quiere que le retiren la custodia; no aún. “Cuando uno escucha una grabación de cómo piensan atentar contra su vida le cambia el ritmo respiratorio por varios minutos”, describe.

El servicio de la UPE es “de película”, afirma. Tiene a dos hombres a disposición todo el día y hace tres meses que no maneja un vehículo. En el asiento de atrás del auto que lo traslada descansa un chaleco antibalas por si acaso. También es un poco complicado: cada día debe coordinar los movimientos del siguiente, y, aunque en teoría puede salirse del guión, el fiscal tiene reservas en utilizar el servicio para cosas como “irse a tomar un café”. El trato con sus custodios es “profesional”, dice. Nunca charlan de cosas que no sean sus trabajos y, sobre todo, lo que los une: “la persecución delictual”. Zubía dice que casi siempre coinciden en los puntos de vista pero, aclara entre risas, no sabe si eso es “por amabilidad” de los efectivos.

La familia de Zubía tiene el trato justo y necesario con los custodios porque el fiscal no deja que utilicen el servicio si no está él presente: sería “injustificado” y un “mal uso” del privilegio. Si se quiere escapar y caminar unas cuadras de la Fiscalía al juzgado, los custodios lo detectan enseguida. “No me rezongan porque son muy educados, pero me hacen ver que saben que me fui”, dice.

Es cada vez más común que jueces y fiscales cuenten con custodia las 24 horas del día o por lo menos cada vez que no están entre cuatro paredes. Los de Crimen Organizado, por ejemplo, tienen custodia permanente. Su trabajo impone un grado de amenaza perpetuo tal que jamás se les retira. El Observador informó en junio que de 50 jueces y fiscales de Montevideo, unos 15 habían sido amenazados y tenían custodia. “Es un problema de siempre, pero ahora es mucho más frecuente”, opina Zubía. Algunos, como la jueza Julia Staricco, ya llevan más de un año acompañados.

Desde UPE no hablan con la prensa porque dicen manejar “información muy delicada”. Solo revelan que sus reclutas reciben entrenamiento especial. En 2014, según información de El País, esta unidad contaba con 50 efectivos.

El fiscal cree que su mejor custodia es su ángel de la guarda. “Es imposible estar en este trabajo en primera línea sin un buen ángel de la guarda”, sentencia.

Pero cómo ayudan dos hombres armados.

Carceleros.

Para Emilia Píriz (este no es su nombre real) la experiencia con la custodia policial fue totalmente diferente. A ella la vigilaban policías de la seccional correspondiente a su casa, en Paso Molino, y cada mañana se levantaba “hasta dos horas antes” de lo habitual para que la llevaran a la seccional de Punta Carretas, donde tenía que esperar a que le asignaran otro custodio para acompañarla a su trabajo.

“Mi ex fue el que pegó y amenazó pero la que quedé presa fui yo”, ironiza. Para ella, vivir con custodia fue como quedar detenida.

La vida social de Píriz se canceló por todo lo que duró su custodia. No existía salir. ¿Cumpleaños? No podía ir. Se limitaba a ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, solo saliendo al almacén y a buscar a los niños a la escuela. Todo el barrio la miraba, todo el mundo se enteró. “¿Qué habrá hecho?”, se imaginaba ella que se preguntaban todos cuando la veían con un oficial. A algunos vecinos les explicó, el resto se enteró por “los chusmas”. Ella se moría de vergüenza. El efectivo a sus espaldas era la marca de lo que le había sucedido, solo que no estaba en su piel.

“En uno de mis trabajos se me armó lío también”, cuenta. Píriz es empleada doméstica y a sus patrones de Punta Carretas no les gustaba tener todo el tiempo un oficial en la puerta de su casa. Por poco no la despidieron.

A solas también padecía la custodia. Por las noches tenía que estar con dos vigilantes (por el día era solo uno) y a veces le pedían para entrar a la casa. “Algunos eran unos maleducados, hacían ruido, se reían o me fumaban adentro. Y yo tengo una nena de tres años”, dice.

A pesar del peligro, para Píriz ser custodiada fue “tan horrible” que hubiese preferido arreglárselas sola.

El año pasado hubo 30.000 denuncias por violencia doméstica (80 por día) que, según la directora de la división de Políticas de Género, July Zabaleta, vienen “siempre o casi siempre” con una amenaza de volver a violentar. Sin embargo, solo “unas 20” mujeres están siendo custodiadas al mismo tiempo, dice Zabaleta.

Cómo se decide que estos casos son los de prioridad máxima “es una excelente pregunta”, opina Soledad González, del colectivo Cotidiano Mujer. La primera opción en los casos de violencia de género es la tobillera electrónica. Se pone custodia cuando no hay tobilleras disponibles, pero solo hay 300 en todo el país. El Estado tiene la capacidad de mantener protegidas a muy pocas mujeres a la vez.

Para González deberían asignarse más custodias. Zabaleta admite que no se conceden demasiadas, pero sostiene que las que se dan redundan en una baja del personal policial en la calle. Como sucede en la mayoría de los casos, cuando se trata de violencia de género tampoco se sabe con certeza cuántas se asignan ni por qué a esas mujeres sí y a otras no. Mientras Píriz quería deshacerse de sus “carceleros”, otras mujeres fueron asesinadas por parejas o exparejas con antecedentes de violencia hacia ellas a las que no se les había asignado custodia.

Sonia Araújo, que es psicóloga en el refugio para mujeres Ceprodih, cuenta que a veces a las víctimas de violencia de género se les otorga custodia para sucesos puntuales, como cuando deben regresar a sus casas a buscar sus pertenencias después de abandonar a un maltratador, pero casi nunca las 24 horas.

Descuidada.

De todos modos, el peor final para un custodiado es no serlo lo suficiente. A Laura Tarmezzano la asesinaron por su testimonio en un caso de homicidio que ocurrió en su propia casa, donde ella y cuatro personas más estaban reunidas. La mataron apenas quedó fuera del radar de sus custodios. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdió la vigilancia?

La primera explicación del Ministerio del Interior fue que Ricardo Míguez, el juez del homicidio en el que Tarmezzano era testigo, ordenó que se le retirara la custodia. El Poder Judicial salió al cruce el mismo día y desmintió esa versión. Luego en el ministerio la historia viró y se sostuvo que la vigilada había pedido que se le retirara la custodia y que además había cambiado de domicilio sin avisar. Las víctimas no pueden decidir terminar con una custodia, solo un juez puede ordenarlo.

La fallecida ya no puede confirmar ni desmentir ninguna de estas versiones, pero su familia está demandando civilmente tanto al Ministerio como al Poder Judicial en US$ 200.000 por negligencia. Ellos alegan que no es cierto que haya solicitado dejar de ser custodiada y tampoco que se haya mudado. “Solo se ausentó de su casa algunas horas”, sostiene el abogado de la familia, Ramiro Viera.

Fuentes del Ministerio del Interior aseguran hoy que ella “se escapaba” y que “no quería ser custodiada”. “Solo pidió un patrullaje que pasara cerca de su casa”, dicen. Porque aunque son muy pocos los que cuentan con custodia, queda claro que no todos los elegidos la desean. “A una mujer que representamos, una jueza le dijo que si se hacía la viva la iban a procesar por desacato”, cuenta el penalista Ojeda. “A veces se pone custodia a prepo”, agrega.

Si ser custodiado ya es poco frecuente, que la custodia falle es casi inédito. “Tampoco es un sistema perfecto”, opina Ricardo Pérez, jefe de la Policía de Montevideo. “Ni los mejores custodios son infalibles, si no a Kennedy no lo hubieran matado”, dice. Son pocos y aleatorios los elegidos por los jueces para ser beneficiarios de este cuidado personalizado. Pueden ser ángeles de la guarda, o un remedio peor que la enfermedad.

La seguridad del custodio también juega.

Si dedicar un efectivo a una sola persona es un problema porque reduce el personal para el resto de las tareas, dedicar dos duplica el problema. Sin embargo, explica July Zabaleta, directora de la división de Políticas de Género de la Policía, a veces no hay alternativa. “Cuando la víctima vive en un barrio complicado no podés dejar a un efectivo solo haciendo guardia porque lo apedrean”, explica. Además de custodiar a una víctima, los policías deben custodiarse entre sí. Dice Zabaleta que la convivencia con los oficiales crea dilemas en el día a día a los custodiados. ¿Qué pasa si la víctima quiere ir al cine? ¿El policía espera adentro o afuera? ¿Quién le paga la entrada?

“También está el tema de dejarlos o no entrar a la casa. Para la víctima el custodio es un desconocido, muy pocos quieren dejarlos entrar”, describe. “¿Y si llueve o hay tormenta? ¿Se quedan afuera?”.

“Yo le pediría a la población sensibilidad con este tema, para que a la gente custodiada no le hagan lío en los trabajos y no lo hagan más difícil”, dijo Zabaleta. También pidió a quienes son custodiados “colaboración para hacer el trabajo más fácil”, ya que a veces sucede que los vigilados se “escapan” después de estar semanas o hasta meses siendo vigilados.

Fuente: El País

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