Dominicanos vinieron en busca de un sueño y terminaron en un asentamiento





En La Quinta viven unas 19 familias provenientes de República Dominicana que arribaron a Uruguay en busca de una prosperidad que nunca llegó.

Una mujer preparaba una cazuela de porotos, arroz y pollo, mientras sus tres hijos escribían a sus amigos y familiares con la mirada fija en su celular. Estos últimos llegaron al país desde República Dominicana hace apenas una semana para reencontrarse con su madre, quien había emigrado a Uruguay en 2014 en busca de un futuro prospero, que hasta ahora no ha logrado encontrar.

Hoy vive en La Quinta, un asentamiento de unas 30 casas construidas con maderas y chapas, que se instaló en la esquina de José May y Almeida, en el barrio Borro, hace apenas siete meses. Llegaron allí luego de que sus habitantes, en su mayoría dominicanos, fueran desalojados por orden judicial de un predio ubicado en la zona de Parque Guaraní. La Intendencia decidió trasladarlos a este lugar, mientras el Ministerio de Vivienda define la construcción de una solución habitacional definitiva en un predio lindero.

En La Quinta, en el Barrio Borro, viven 19 familias dominicanas.

Juan, un dominicano que vive en Uruguay desde 2013, recordó que cuando llegaron a este lugar se encontraron con un gran descampado, con bolsas que se enredaban en los arbustos, carrocerías de autos incinerados y deshechos de obras.

Entre los vecinos consiguieron maderas y chapas y, en apenas una semana, lograron levantar una treintena de casas. Para eso, trabajaron sin parar y pasaron la noche a la intemperie durante días.
Eulogio Mora, uno de los pocos uruguayos de La Quinta, y presidente de la asociación de vecinos, dijo a El Observador que ahora el barrio espera que el Ministerio de Vivienda tenga pronta la solución habitacional antes del invierno de 2018. Porque con la lluvia los angostos pasillos de la vecindad se convierten en un barrial, y el agua y el frío se filtran por los techos y las paredes de madera de las precarias viviendas.

Según dijeron desde la Intendencia de Montevideo, la habilitación del complejo de viviendas que se construirá está en manos del Tribunal de Cuentas y se espera que la obra empiece antes de fin de año.

Las historias de los vecinos


Juan describe su experiencia de migrante como un cuento de “llorar y reír”. Llegó a Uruguay en mayo de 2013 luego de que alguien, a quien consideraba un amigo, le dijera que le había conseguido un trabajo en el que ganaría $ 40 mil uruguayos por mes, y no tendría que pagar alojamiento.

Era una propuesta difícil de rechazar. Aunque sabía que no sería fácil dejar a su esposa y a sus tres hijos, Juan creía que, sin grandes gastos y ganando ese dinero, podría mandar lo suficiente para mantener a su familia y pagar deudas. Al llegar al aeropuerto de Carrasco lo esperaba un hombre que le cobró US$ 200 por trasladarlo a su alojamiento en el centro. Juan seguía creyendo en aquella promesa, incluso después de saber que el lugar en el que le tocaría dormir era una pensión “llena de cucarachas” en la que compartía dormitorio con otros tantos dominicanos que habían llegado al país en condiciones similares a las de él.

“Todo era un engaño”, reconoce ahora. Al llegar a Montevideo el trabajo que le habían prometido nunca apareció. Su amigo tampoco. Endeudado en su país de origen, sin dinero para volver, y con una familia que dependía de la remesa que se suponía que enviaría, Juan quedó atrapado en Uruguay.

Trabajó para una empresa de limpieza, una fábrica de galletitas y una de piscinas, y por un tiempo pudo mandar algo dinero. Pero su situación se complicó hace cuatro meses cuando un accidente en moto lo dejó con licencia médica, cobrando medio sueldo. Como ya no puede mandarle dinero a su familia, su esposa y uno de sus hijos debieron viajar a Uruguay, y ahora buscan trabajo.

José, otro vecino de La Quinta, también emigró a Uruguay por una promesa que no se concretó. Su hermano, que había llegado al país dos años antes y trabajaba en la construcción, le había dicho que los salarios eran muy buenos, y sin pensarlo demasiado decidió emprender viaje.

José en su casa de La Quinta

Para obtener la documentación uruguaya necesitaba un certificado de buena conducta emitido por la Policía Dominicana. Para acelerar el trámite, decidió pagarle una coima a un funcionario, pero algo salió mal y en Uruguay detectaron que el certificado era falso.

“Me procesaron por documentación falsa y estuve un año sin trabajar”, cuenta José. Finalmente, el pasado martes comenzó a trabajar en una empresa de limpieza.

José espera asentarse en el predio una vez que las viviendas que les prometieron estén construidas y, en los próximos meses, llegarán sus hijas desde República Dominicana.


Entre 2012 y 2017 unos 2.803 dominicanos tramitaron por primera vez su cédula uruguaya.


De todas formas, admite que le gustaría ahorrar algo de dinero uruguayo para algún día volver a su país. Como Juan y José, la mayoría de los habitantes de La Quinta, llegaron en medio de un boom migratorio proveniente de la isla caribeña entre 2013 y 2014.

En esos años el número de trámites para obtener la cédula iniciados por personas de nacionalidad dominicana creció de los 44 que se realizaron en 2012, a 534 en 2013 y 1.839 en 2014.

Ese año, luego de que el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del interior detectaran casos de trata de personas asociados a ese movimiento migratorio (ver apunte), Uruguay decidió comenzar a exigir visa a los nacionales de este país caribeño.

En 2016 se le negó la visa a 149 dominicanos y les fue concedida a 609. Además, en el mismo año tramitaron la cedula uruguaya por primera vez 128 dominicanos.

Problemas de realojamiento

“Vamos mi reina que hay que ir a la escuela”, le dice un padre a su hija. Desde adentro de una de las casas, su madre toma a la niña en brazos y se la pasa al hombre a través de una pequeña ventana sin vidrio.

En los últimos meses, la llegada de niños a La Quinta no se ha detenido. Sucede que, con la esperanza de que obtendrán viviendas próximamente, varias familias que entre 2014 y 2013 se separaron se están reuniendo ahora en Uruguay.

Una vecina de Juan, por ejemplo, espera que en los próximos días lleguen cinco de sus hijos pequeños. Mora dijo que los dominicanos “están trayendo mucha gurisada de a poco”.

Esto preocupa a la Intendencia de Montevideo y al Ministerio de Vivienda quienes están detrás del proyecto de reacondicionamiento del asentamiento. Según dijo el coordinador ejecutivo del Proyecto Integración Asentamientos Irregulares (Piai) de la Intendencia de Montevideo, Sebastián Rodríguez, cada familia recibirá una vivienda acorde a su integración actual, y no se contemplará la llegada de más personas.

Rodríguez dijo que es muy común que las familias se agranden mientras se procesa un realojo, Pero normalmente no lo hacen a este ritmo. Otro elemento que analizan es cómo será la propiedad sobre las viviendas si resuelven volverse a su país.

El responsable del proceso de realojo dijo a El Observador que la velocidad con la que construyeron las vivienda demuestra que hubo mucha colaboración y un sentido de comunidad “que es un potencial importante”. “Es un caso excepcional en todos los aspectos”, opinó Rodríguez, desde la forma que fueron desalojados “de un día para otro” del predio en el que estaban antes, pasando por la celeridad con la que tuvieron que encontrar una solución, hasta los elementos propios de trabajar con extranjeros, concluyó .

Trata y explotación


En junio la Embajada de Estados Unidos elaboró un informe en el que señala que “el Gobierno de Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”.Uno de los puntos que destaca el informe es la existencia de “mujeres de la República Dominicana (y, en menor medida, mujeres de otros países sudamericanos)” que son sometidas a trata con fines de explotación sexual, así como trabajadores extranjeros, especialmente provenientes de Bolivia, Paraguay, Brasil, República Dominicana y Argentina, que son sometidos a trabajo forzoso en la construcción, el servicio doméstico, tiendas mayoristas, industrias textiles, agricultura y procesamiento de madera.

Según dijo Mariella Mazzotti, directora de InMujeres de Ministerio de Desarrollo Social, actualmente están trabajando en 170 casos de trata por explotación sexual en todo el país. De ese total el 80% son extranjeras y un número “muy importante” de ellas provenientes de República Dominicana. Mazzotti dijo que aunque desde 2014 se les exige visa para llegar al país, esto no parece haber frenado la llegada de mujeres provenientes de la isla caribeña que son explotadas en Uruguay.

Fuente: El Observador

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