En seis años se dispararon en un 300% los ataques a policías





Juráis por vuestro honor defender a la patria, la Constitución y las leyes de la nación con la práctica constante de una vida digna consagrada a cumplir vuestro deber de tutelar el orden de la República aún con el sacrificio de vuestras propias vidas?”.

Michele era el copiloto durante una persecución cuando tomó real conciencia de aquel juramento al que responden todos los policías cuando pasan a vestir el uniforme.

Eran las 23:30 cuando perseguía a cuatro delincuentes que acaban de robarle a un policía su arma de reglamento, chaleco y municiones, en la zona del barrio La Tablada. Aprovechando la oscuridad de la noche y las dos cuadras de ventaja que le habían sacado al patrullero de la policía, los ladrones apagaron las luces de sus motos, se escondieron, y cuando vieron el vehículo policial comenzaron a disparar.

Una bala rompió el parabrisas. Michele recuerda sentir un zumbido en su oído derecho. Llegó a responder a la agresión con tres disparos, no sintió dolor, pero sí el calor de un líquido recorriéndole el cuello.

“Lleváme al hospital”, le repetía a su compañero sin parar. El proyectil le había entrado por el mentón, y había quedado alojado en el cuello. Por una distancia mínima se había salvado de una muerte segura.
“Sigo con la misma voluntad de cuando me recibí de la Escuela policial, pero entonces no era consciente de que podría sufrir una lesión. Me di cuenta de dónde estaba”, recuerda Michele hoy.

En 2016 se registraron 251 ataques contra policías, 10 menos que en 2015 pero más que en 2014 cuando se produjeron 198, y que 2010 cuando hubo 152, según información aportada por el Ministerio del Interior ante un pedido de acceso a la información pública realizado por El Observador.

Una herida de bala durante un operativo, una piedra que ocasiona una lesión, cualquier agresión cometida durante la función puede ser catalogada como atentado por parte del Ministerio del Interior.
A eso se le suma el número de desacatos –la resistencia a un procedimiento policial–, que no ha parado de crecer. Si en 2010 el Ministerio del Interior registró 419 desacatos, para 2017 esa cifra se disparó a 1.255.

Según explicaron a El Observador desde el Ministerio del Interior, el incremento en el número de desacatos y agresiones contra policías viene de la mano de un mayor número de procedimientos, en los que efectivos se enfrentan a delincuentes. El trabajo de seguridad en la zona, con mayor patrullaje, sumado al Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) que llevó en 2016 a que 1.000 policías realicen tareas de vigilancia en zonas donde se reportan más delitos, incrementó la exposición de los efectivos y con ello el enfrentamiento con delincuentes, según la cartera.

Para la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez, ese aumento de la violencia contra policías también se debe a que hay una “desvalorización sistemática del actuar de la Policía”.

“Si vas a un asentamiento a detener a alguien, a los cinco minutos tenés a cinco madres que con sus hijos a upa, te tiran piedras, te insultan y no te dejan hacer la tarea”, contó Rodríguez.
Además, la dirigente sindical dijo que los policías están más expuestos y menos armados que años atrás. Es que según dijo, las escopetas que antes llevaban los efectivos en el patrullero, y que era utilizada para disuadir en caso de que sufrieran una agresión, fueron retiradas.

Además, este año, la alta demanda de tobilleras electrónicas que son utilizadas en casos de violencia doméstica ha llevado a que no sean suficientes los dispositivos disponibles, por lo que son policías quienes deben custodiar a las víctimas. Como resultado, en ocasiones los efectivos son enviados a montar guardia durante la noche en asentamientos, donde son agredidos por vecinos. “Le manifestamos nuestra preocupación al Ministerio del Interior por las agresiones que sufren policías que son enviados a hacer estas custodias”. “Creemos que al mandar a un policía solo se lo está regalando”, agregó.

Violencia en el barrio

Michele no solo vivió la violencia a la que está expuesto todo aquel que opte por la carrera policial. Como vecino del barrio Casavalle sintió en carne propia la persecución de los delincuentes de la zona, una tarde mientras esperaba el ómnibus a pocas cuadras de donde la pasada semana dos bandas de narcotraficantes se enfrentaron a los tiros.

En aquella ocasión, un hombre se le acercó y parado a 30 metros de él, lo apuntó con su arma y le dijo que se fuera del barrio si no quería que lo matara. La cercanía con la casa de sus padres y de la escuela a la que asiste su hija pequeña lo convenció de quedarse.

Pero no todos pueden darse ese lujo. Juan (nombre ficticio) debió abandonar la casa en la que vivió durante 30 años cuando un grupo de una veintena de personas comenzaron a lanzar toda clase de proyectiles contra la propiedad. Mientras las chapas del techo retumbaban, y el piso se llenaba de fragmentos de los vidrios de las ventanas, Juan apuntaba con su arma de reglamento hacia la puerta de la casa, mientras su esposa, hijos y dos nietas se refugiaban detrás de él. Estaba preparado para disparar si la multitud decidía entrar.

El golpeteo de los proyectiles, y el ruido de las detonaciones de armas de fuego, acabaron por convencerlo de que debía irse de allí. Cuando en la madrugada del día siguiente cesó el hostigamiento, se subieron a una camioneta y partieron para no volver.

Hoy viven escondidos, en una casa abandonada que había pertenecido a adictos de pasta base.
Parte de su familia continúa viviendo en el barrio, pero desde que él se fue ya no tienen problemas con los vecinos. “El otro día fue el cumpleaños de mi nieta y no pude ir para no tener problemas con los vecinos”, contó a El Observador. Antes, se veía con ellos todos los días, hoy lo hace cada varios meses.




Según una encuesta del Ministerio del Interior realizada en 2015, más de 1.000 policías (4,2% de un total de 25.255 funcionarios registrados en ese momento) viven en asentamientos. Además, unos 764 manifestaron querer cambiar de vivienda por vivir en zonas conflictivas y por carecer de servicios.
En ambos casos, los policías denunciaron a sus agresores, pero no hubo un seguimiento de esa denuncia por parte del Ministerio del Interior, los agresores no recibieron ningún tipo de sanción penal, ni tampoco se le ofreció seguridad especial a los afectados.

Rodríguez dijo a El Observador que “los policías están acostumbrados a que los agredan” por lo que terminan “naturalizando” la violencia de la que son víctimas, y por lo tanto minimizan las denuncias que presentan sus colegas agredidos. Por esta razón, desde el año pasado el Ministerio del Interior elaboró un procedimiento para que un policía que es amenazado en su barrio pueda hacer la denuncia directamente ante la Dirección General de Policía, para que se le haga seguimiento.

Además, la cartera trabaja en un plan de viviendas que permitirá que aquellos policías que viven en barrios peligrosos puedan mudarse, y que se financia con el 1% del salario de todos los funcionarios policiales. El Ministerio del Interior estima que en 2017 se le entregue viviendas a unos 100 policías que estén en esa situación.

El daño permanente

Cuando un policía agredido sufre una lesión que le impide continuar con su tarea por un período de hasta tres años, entonces pasa a integrar la nómina del Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial (STIP). De esta forma, mientras espera su recuperación recibe el 65% del salario.

Durante ese período, el policía es revisado por sucesivas juntas médicas que analizan su evolución. Si se recupera antes de pasado los tres años, vuelve a la tarea. Pero si la lesión es permanente y lo imposibilita de continuar trabajando, entonces se lo jubila o se le da de baja dependiendo de la cantidad de años de servicio y de cómo se originó la lesión.

Rodríguez contó que actualmente el sindicato trabaja en el caso de un joven de 23 años que quedó paralítico producto de un accidente de tránsito mientras manejaba su patrullero y que será dado de baja o jubilado por el Ministerio, ya que no está previsto que para estos casos se lo pueda reasignar a tareas administrativas o especiales, como formar a otros policías en tiro, donde podría trabajar desde una silla de ruedas.

“El que está en silla de ruedas puede ser instructor de tiro o telefonista. Sin embargo, están incluyendo becarios cuando tenés una cantidad de policías que los podrías reasignar”, señaló la sindicalista.
Rodríguez dijo que de esta manera el Ministerio del Interior incumple la ley de cuotas para discapacitados que obliga al Estado a contratar personas con discapacidad de manera que sean al menos el 4% de la totalidad de sus trabajadores. Actualmente, según el sindicato, hay unos 360 policías que reciben asistencia del STIP.

Autos blindados para patrullar en zonas rojas

Este año el Ministerio del Interior adquirirá 30 patrulleros blindados para hacer patrullaje en zonas rojas. Hasta el momento, el Ministerio ya presentó 10 unidades, cinco de las cuales serán utilizadas en el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y por el Grupo de Reserva Táctica (GRT) de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Las primeras unidades ya son utilizadas en la zona operacional 4, ubicada al oeste y norte de Montevideo, y algunas de ellas patrullaron esta semana en Casavalle, donde se llevó adelante un operativo especial a raíz del enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes.

Para la directora del sindicato Policial, Patricia Rodríguez, es necesario contar con más vehículos blindados para custodiar zonas rojas, donde los efectivos están acostumbrados a recibir pedradas y agresiones. En agosto un policía de tránsito debió ser hospitalizado por una herida en el ojo luego de recibir una pedrada en la zona de los accesos.

Fuente: El Observador

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