Familias extranjeras son desalojadas de edificio, no saben donde ir





Foto: Alessandro Maradei

Mientras el diputado frenteamplista Óscar Groba hablaba en la cámara baja sobre la posibilidad de que la calle Andes al sur de 18 de Julio sea renombrada Germán Araújo, en el cruce con San José varias personas vivían una situación que dice más que el nombre de turno en un cartel con una flecha. “No es justo que les den dos o tres horas para desalojar a todas las familias que viven aquí. Había niños llorando”, dijo Alfredo a la diaria mientras se colgaba como podía de la parte de atrás de un camión cargado con un montón de muebles y electrodomésticos que, pese a la cantidad, eran aun menos que los que resistían en la calle.

Dora cuidaba sus cosas a la intemperie. Es la que más tiempo vivió en el lugar, ya que se instaló ahí hace 14 años. En el edificio ocupado vivían cerca de 40 personas, divididas en 12 familias. Había 15 niños. Hasta el momento, Dora no sabe a dónde va a ir porque no tienen ninguna opción. Sus cosas estaban por ser llevadas al depósito de un almacén de sus “patrones”. Además, contó que el anterior dueño de la casa les había permitido que vivieran ahí, pero luego la compró una inmobiliaria, y el lunes les avisaron que los iban a desalojar. “Les suplicamos, nos hemos querido arrodillar, rogando que nos dejen un día más, porque no teníamos la intención de quedarnos. Sabíamos que ya la habían comprado y teníamos que salir en cualquier momento, pero no accedieron y nos dieron dos horas de plazo para que salgamos, si no, lo cerraban y se quedaba todo adentro”, contó Dora, que agregó que “por suerte” el desalojo se llevó a cabo sin la intervención de la Policía, ya que ellos son “gente pacífica” que “no está para líos”.

Mientras tanto, antes de arrancar el camión con rumbo a la calle Arenal Grande, en donde un amigo le va a dar refugio, Alfredo señaló que todavía quedaban mujeres con niños que esperaban por sus esposos, que estaban trabajando. la diaria intentó hablar con algunas personas más, pero la mayoría, visiblemente angustiada, optó amablemente por no dar declaraciones. Idéntica respuesta dio la escribana de la parte que hizo el desalojo, que simplemente se limitó a explicar que no fue sorpresivo, ya que hace tres años que estaban en vueltas para desalojar.

Por otro lado, en el lugar también estaba Valeria España, abogada especialista en derecho de los migrantes e integrante del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos (CDH), que ayer de noche emitió un comunicado en el que señaló que el desalojo “no fue un hecho aislado”, sino “parte de un proceso a través del cual la especulación inmobiliaria está ganando territorio y jugando un terrible papel en la relocalización de familias que por muchos años vivieron en el centro de la ciudad”. Agrega que el desalojo de ayer demuestra “la vulnerabilidad extrema de las personas frente a acciones de particulares y la falta de herramientas y recursos –materiales y humanos–, por parte del Estado, para hacer frente a este tipo de situaciones”.

Además, el comunicado indica que en la actualidad los refugios para mujeres con niños “están saturados” y no hay “políticas de vivienda” diseñadas para atender a las personas que no pueden pagar un alquiler. “No hay mecanismos de regulación del mercado inmobiliario, ni mecanismos efectivos que garanticen que las empresas particulares que promueven estos desalojos tengan proyectado algún plan de inversión dirigido al mejoramiento urbano o a un impacto positivo directo en la realidad de la ciudad”, señala el comunicado, que al final dice: “En el espacio urbano no debería regir la ley de la selva. Es impostergable el debate en torno a la forma irracional en que la normativa vigente defiende el ejercicio abusivo del derecho a la propiedad y los mecanismos que operan por sobre el derecho a la vivienda y el derecho de la ciudad”.

Un simple acto, una cerradura que se bloquea. Es todo un símbolo, pero a su vez es mucho más que eso. Es el sello que termina de sentenciar la realidad y el destino incierto de esas 40 personas. Una alguacil, que se mostró molesta porque le sacaban fotos –en la vía pública, donde también estaban las propiedades de los desalojados–, cerró la puerta de la casa ante la atenta mirada de la escribana de la parte que impulsó el desalojo –que no se animó a revelar el nombre de sus clientes– y de un vecino chismoso que analizaba la situación cigarro en mano. Luego siguieron su día como cualquier otro. Pero en la calle todavía quedaban personas preguntándose a dónde iban a ir.

Fuente: La Diaria

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