Gobierno prepara un proyecto de ley que habilitaría a rematar viviendas abandonadas





La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, dijo ayer que el gobierno espera superar las 10.000 viviendas cooperativas en el quinquenio, y además aseguró que hay 6.500 unidades en obra en 170 cooperativas, 60% de las cuales están en el interior del país. En el sector privado hay 6.500 viviendas promovidas por la cartera terminadas, 4.500 en obra y 5.000 cuya construcción va a comenzar. En la actualidad son 600 las obras por el sistema de autoconstrucción, sostuvo la ministra en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros.

Sin embargo, para Daniel Diverio, integrante del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), más allá de la construcción de nuevas viviendas, hay que “trabajar sobre las que tenemos”. Diverio dijo que hay más de 100.000 viviendas desocupadas en todo el país, en zonas que ya cuentan con servicios. “Hoy hay dificultad para que sean recuperadas por la Agencia de Nacional de Vivienda [ANV] o por el ministerio. En zonas como la Aguada o el Cordón, en Montevideo, hay viviendas desocupadas en cantidades importantes; al mismo tiempo, en el cinturón de la ciudad y en el área metropolitana están creciendo los asentamientos irregulares”, sostuvo.

La vicepresidenta Lucía Topolansky coincidió en que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. En diálogo con la diaria aseguró: “Está trancado en la Cámara de Diputados el proyecto para las viviendas desocupadas, que es sólo para la zona metropolitana, porque ese problema en el resto del país prácticamente no existe”.

En 2012 el diputado del Frente Amplio (FA) Alfredo Asti presentó un proyecto de ley para habilitar al Poder Ejecutivo y a las intendencias a hacerse de las viviendas abandonadas. En 2014 el texto tuvo una segunda versión, pero no fue aprobado, y ahora el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) presentará un proyecto que toma, en parte, la iniciativa de Asti. El representante aseguró a la diaria que las autoridades del MVOTMA ya tienen pronto el texto, pero que este aún no ingresó en el Parlamento, y dijo que, al parecer, se propondrá que las viviendas abandonadas se rematen. “Como el Estado es acreedor, porque, por lo general, se les debe o a la Intendencia o a la [Dirección General] Impositiva, puede tener el privilegio, cancelando la deuda”, dijo Asti.

La casa no propia ​ Topolansky no se mostró partidaria de regular el precio de los alquileres. “Nosotros habíamos apostado, durante el gobierno del Pepe [José Mujica], a bajar los alquileres por la vía de la oferta, porque es como cualquier producto: cuánto más oferta hay, más pueden bajar los precios”.

Hace más de un año que el diputado del FA Gerardo Núñez presentó un proyecto de ley para topear el precio de los alquileres y subsidiar a hogares de menores ingresos. Como publicara la diaria el 19 de octubre, el texto quedó en un limbo y todavía no salió de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de Diputados.

El 23 de octubre, cuando el MVOTMA anunció que contemplaría la composición familiar para el acceso a sus programas, el director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, aseguró a la diaria que el alquiler es una solución “satisfactoria” para las familias. “No es un problema porque no afecta más de 25% del ingreso líquido. Puede ser un problema si el alquiler es precario, si la casa está en malas condiciones o si afecta mucho los ingresos del núcleo familiar”, dijo. El jerarca sostuvo que “es una opción que puede ser tomada por una familia en una etapa de la vida”. En cambio, Diverio opinó que el precio de los alquileres es “salvaje” porque “no existe un control sobre lo que piden los dueños”. “Lo que vale cada casa lo marca el mercado, y eso hace que haya especulación inmobiliaria”, afirmó. El artículo 16 de la Ley 14.219 (de alquileres) establece que “si el precio resultante de la actualización del alquiler superara el 25% de los ingresos mensuales líquidos del núcleo habitacional ocupante de la finca, el nuevo alquiler será rebajado hasta el porcentaje referido. Cuando los ingresos mensuales líquidos del núcleo habitacional sean inferiores a 25 UR [25.383 pesos al valor a noviembre de 2017], el porcentaje máximo de afectación se reducirá al 20%”.

Desde el SUNCA apuestan a que se implemente una regulación que permita que el mercado de alquileres tenga un criterio, por medio de una paramétrica que establezca el precio del alquiler por zona y por tipo de vivienda. Para el integrante del sindicato, esta norma es estéril porque “no resuelve el tema de fondo”, ya que no existe un control en los ajustes de los alquileres.

Otra preocupación del sindicato son las viviendas de interés social: “Una de las cosas que decía el SUNCA es que se tenía que apuntar a viviendas que tuvieran un valor económico accesible”. Gracias a la Ley de Acceso a la Vivienda de Interés Social, las empresas obtuvieron exoneraciones fiscales y el sector se dinamizó, pero los empresarios, “en lugar de construir viviendas de 500 dólares el metro cuadrado, construyen de 2.000 dólares el metro cuadrado, porque tiene un margen de ganancia superior”.

Temas complejos ​ La vicepresidenta de la República aseguró que el acceso a la vivienda es “un tema con muchas complejidades”. Dijo que otro problema es que la sociedad cambió: “No sólo [la población] no crece; ahora las familias cambiaron, no se quedan seis o siete años en un mismo lugar. Aquello de la casa propia, grande, con lugar para todos los hijos, es muy lindo y muy romántico, pero ya fue. La mayor demanda es de vivienda de uno o dos dormitorios”. Topolansky afirmó que la población está muy concentrada en Montevideo, donde sobran “800.000 habitantes”. “Nos hemos apretujado acá en el sur”. Sostuvo, también, que una solución interesante es la que se usa en Francia, donde los gobiernos municipales alquilan viviendas. “Lo que no sé es si encaja con la idiosincrasia de los uruguayos. Lo de la propiedad de la casa para mí no es ‘ni fu, ni fa’; yo lo que quiero es que la gente tenga vivienda, si es propiedad del Estado o si es en usufructo, no importa. Es más, es mejor el usufructo porque da más movilidad”, sentenció.

Fuente: La Diaria

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