Indemnizan a preso inocente: “Viví un infierno en la cárcel”

comcar

Horacio M. estuvo 11 meses preso por dos casos. La primera vez fue remitido a la cárcel de Canelones por desacato donde estuvo seis meses. En la segunda fue internado en el Comcar por violencia privada durante cinco meses.

Ahora, el juez de lo Contencioso Administrativo Pablo Eguren dispuso que la prisión del docente de Matemáticas, Horacio M. en el Comcar fue indebida y condenó al Poder Judicial a pagarle una indemnización de $ 300.000 más intereses. Su abogado, Nicolás Pereyra, prepara una segunda demanda contra el Estado por prisión indebida. “Yo viví un infierno en la cárcel. Me indemnizaron por un monto equivalente a cinco meses de clases. Pero no podré enseñar en Secundaria de por vida. Tampoco podré jubilarme luego de 23 anos de dictar clases y de haber aportado y hace tres años que no veo a mis dos hijos”, dice Horacio M. a El País.

El primer encarcelamiento ocurrió en el marco de una disputa con su expareja sucedida en 2014. Horacio M. tenía una orden de no acercamiento a su excónyuge. Dice que pasó cerca del lugar donde antes trabajaba su pareja y ella se enteró. “Con solo la palabra de ella y sin ningún testigo, la jueza de la Ciudad de la Costa me procesó por desacato. No importó que yo no tuviera antecedentes; era docente y tenía mi propia imprenta”, rememora Horacio M.

Apenas llegó a la celda de Canelones, dos presos jóvenes lo atropellaron. Uno de ellos tenía un “corte carcelario” (cuchillo casero). Horacio M. mide casi 1.90 de altura y pesaba alrededor de 100 kilos. Le arrancó el cuchillo al preso y lo golpeó de un puñetazo. Luego encaró al otro. Uno de sus compañeros de celda había sido encarcelado por un homicidio y el otro por rapiñas y tirotearse con la Policía, entre otros delitos.

“En Canelones me deshicieron la cara. Me arrancaron los dientes”, recuerda Horacio M.

En el penal, Horacio M. tenía tres opciones: denunciarlos y no salir con vida de la cárcel; transformarse en pareja o empleado de un “brazo gordo” (jefe) para que lo protegiera, o defenderse hasta las últimas consecuencias. Horacio optó por la tercer vía. Peleó una y otra vez hasta que descubrieron que se iba a defender .

Su situación fue difícil por unos días. Lo trasladaron a una celda de máxima seguridad de la cárcel canaria. Eran 14 presos en una celda de seis por tres metros, sin derecho a patio. La celda daba a un pasillo.

Cada vez que pasaba por allí un interno, tiraba agua caliente para adentro de la celda por la mirilla. Es que los presos que están en las celdas de seguridad son la escoria del penal, según los códigos carcelarios.

Desde adentro, también se defendían tirando agua caliente a los agresores. Uno de los reclusos inventó un arpón. Ató un “corte carcelario” a la punta de un palo de escoba. En la otra punta del palo tenía un agujero con una cuerda. Cuando alguien pasaba por el pasillo y se distraía, recibía un ataque con el arpón. Luego el preso recuperaba el arpón tirando de la cuerda.

En septiembre de 2014, Horacio M. fue remitido otra vez por la Justicia de Ciudad de la Costa por violencia privada. Su medio hermano lo denunció por un supuesto abuso de su pareja, una joven hija de un conocido futbolista de Paraguay. En este caso no hubo testigos del eventual abuso.

Fue derivado al Comcar. Allí la internación fue muy diferente a la de Canelones. Horacio M. fue alojado en el Módulo 7 del Comcar junto con reclusos de más de 40 años, enfermos y con protección judicial. Además de ya contar con experiencia carcelaria, Horacio M. dictaba clases de matemáticas en la escuela del Comcar. Poco después, el Módulo 7 fue desalojado y Horacio M. fue derivado al Módulo 3. Allí armó un taller para enseñar oficios a varios presos. Cuando se desataba una pelea, se encerraba en la escuela junto con sus alumnos y la Policía luego no los encerraba en el módulo. Cuando recuperó la libertad, Horacio M. continuó dando clases en el Comcar. Posteriormente, en su imprenta, dio trabajo a exreclusos a pedido de un juez penal.

La sentencia.
En el escrito presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, el abogado de Horacio M., Nicolás Pereyra, reclamó una indemnización por responsabilidad estatal al haber estado preso su defendido por 150 días en la cárcel de Comcar, debiendo tenerse en cuenta la repercusión social que tuvo su procesamiento y prisión. Horacio M. dejó de dar clases en la UTU y no puede ver a sus hijos desde entonces.

El reclamo por daño moral fue de US$ 15.000.

Pereyra también pidió al juez Eguren que condenara al Poder Judicial al pago de US$ 5.000 por lucro cesante al no poder ejercer su función docente en la UTU durante el tiempo en que estuvo encarcelado.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia contestó la demanda alegando que, respecto al daño moral, “no resulta probado” que Horacio M. haya padecido “un sufrimiento mayor a la media” y, en caso de repararse, los montos deben ser los mínimos manejados por la jurisprudencia al no indicarse hechos precisos que demuestren la existencia de un padecimiento más allá de lo que pueda darse en una cárcel.

Solicitó que se desestime los daños reclamados y, en su defecto, se abata la indemnización por daño extra patrimonial.

Eguren evaluó el tiempo de encarcelamiento y su incidencia en la vida laboral de Horacio M. En virtud de ello, estimó que el Poder Judicial debía pagar al ex preso una indemnización de $ 300.000.

El juez no hizo lugar al reclamo por lucro cesante porque, en septiembre de 2014 cuando fue procesado, Horacio M. no dictaba clases en la UTU.

La Justicia analizará Habeas Corpus
Luego de que el Juzgado Penal de 37° turno lo rechazara en primera instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno dio curso al habeas corpus presentado por el comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, pidiendo al sistema educativo un plan de alfabetización. Tras constatar un alto número de analfabetos en el sistema penitenciario, muchos de ellos sin posibilidad de acceso a actividades educativas por falta de docentes, personal o cursos adecuados, el Comisionado Parlamentario presentó el pasado 30 de diciembre un habeas corpus correctivo pidiendo a la Justicia que el Codicen elabore un Plan de Alfabetización para la Unidad Nº 4 Comcar, la mayor cárcel del país, con 3.800 internos. El habeas corpus correctivo para las malas condiciones carcelarias fue vuelto derecho positivo en el nuevo Código de Proceso Penal, que entró en vigencia el 1º de noviembre, y que establece que ese recurso es “una acción de amparo”, tanto para la libertad personal ambulatoria de las personas, como para “la protección de la persona privada de libertad contra tortura y otros tratamientos crueles o condiciones de reclusión violatorias de la dignidad de la persona humana”.

Fuente: El País

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