Ingreso de celulares a cárceles, un negocio que se vale hasta de niños





El escáner de la puerta de acceso al Penal de Libertad mostró un objeto extraño en el abdomen de un hombre, que aquel domingo 10 de setiembre pretendía visitar a uno de los internos. No era la primera vez que la imagen de rayos x revelaba las intenciones de ingresar objetos prohibidos a ese centro de reclusión. A veces encontraban pequeñas bolsas con droga, que los visitantes se habían tragado o introducido en el ano o la vagina, con tal de evadir los cacheos, y ganarse unos pesos como mulas de los narcotraficantes que pagan sus culpas tras las rejas.

En aquella oportunidad, como en tantas otras, el hombre negó lo que la imagen mostraba. Por eso, con orden de juez mediante, fue trasladado al hospital Maciel donde, para sorpresa de los médicos, se logró extraer un celular.
Horas más tarde, al ser dado de alta, el hombre regresó hasta el Penal donde los controles volvieron a encontrar no uno, sino dos objetos extraños en su interior. Se trataba de dos celulares más, los cuales se había introducido y pretendía defecar en el baño de la visita, dijeron a El Observador fuentes carcelarias.
El objetivo era ingresar estos dispositivos, cuyo valor en la cárcel puede alcanzar los $7.000, sin importar cuán obsoleto sea el modelo. Con ellos, los presos amenazan a sus enemigos, planifican asaltos y copamientos, definen ejecuciones, coordinan la venta de droga en sus territorios.

De hecho, un celular fue clave en la fuga de Anthony Martín Rodríguez Silvera, alias Pato Feo, un homicida que fue “rescatado” a los tiros por tres delincuentes en el pasado domingo 3 de setiembre, en momentos en que llegaba al Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT), a donde había sido trasladado para recibir tratamiento médico por un dedo quebrado. El delincuente, que en los últimos días perpetró al menos una rapiña contra un RedPagos de Coronel Raíz y Casavalle, organizó su huida a través de un celular que el ahora prófugo escondía en su celda.
ALARMA INTELIGENTE
Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a El Observador que frecuentemente se descubre a la visita tratando de introducir estos dispositivos en centros de detención donde están prohibidos. La formas de hacerlo pueden ir desde ingerirlos, introducirlos en la vagina o en el ano, o adosarlos al cuerpo de niños a sabiendas de que estos son menos controlados.

Según contó la fuente, apelando a que se trata de niños, los adultos que llegan con ellos a la cárcel le piden a los guardias que no los revisen. Además, por ser menores no pueden obligarlos a que se desnuden, como sí lo hacen con los adultos.

Semanas atrás la guardia del Penal de Libertad encontró diez celulares pegados al cuerpo de una adolescente de 12 años. De haber logrado su cometido, la reventa de estos dispositivos hubiera significado un negocio de hasta $ 70.000.

Escuchados por El Guardián

A través de sus celulares, los presos hablan con los “perros”, delincuentes en libertad que responden a sus órdenes, según contó una fuente judicial. Ya sea para apretar a un buchón, mandar a matar a alguien o coordinar el negocio de la droga, la comunicación se hace en código, porque saben que a veces los escuchan.

Para ello se utiliza El Guardián, el sistema de interceptación de llamadas, mensajes de texto y mails adquirido recientemente por el Ministerio del Interior. Según contó la misma fuente, de los más de 30 casos en los que su sede penal está actualmente utilizando esa tecnología, en al menos 20 hay presos implicados.

Según dijo otra fuente a El Observador, en ocasiones esas investigaciones quedan truncas porque los presos cambian el chip de sus dispositivo, y dejan a los investigadores sin información. Los presos saben esto, y por eso también existe un mercado de tarjetas SIM. Estas son mucho más fáciles de ocultar que los celulares, y si la guardia que custodia el acceso de los visitantes decide hacer una revisión, entonces se tragan el chip y evitan ser detectados.

Prohibir o legalizar

Los celulares no están prohibidos en todo el sistema carcelario. En lugares de baja seguridad, como en la cárcel de Punta de Rieles, es normal que los presos tengan sus propios celulares para hablar con amigos y familiares.

Sin embargo, en lugares de detención de media y máxima seguridad, su uso está vetado, porque se busca que la comunicación con el exterior sea limitada, aunque nunca llega a ser de un total aislamiento. Para el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Gonzalo Larrosa, esa prohibición fomenta la existencia de un mercado negro que es difícil de controlar. Para el jerarca, “las cárceles están en conexión con el mundo” y aunque se les impida tener celulares, los presos pueden comunicarse por teléfono tarjetero, a través de su abogado o de sus familiares. “El que es un capo de una organización la va a seguir dirigiendo desde la cárcel”, agregó.

Por el contrario, según dijo Larrosa, sería preferible que los presos tuvieran sus propios dispositivos y que sean registrados, de modo de que se puedan establecer controles . “Dejarlos hablar puede ser bueno” agregó el jerarca.

Actualmente el Penal de Libertad cuenta con inhabilitadores de señal de celular en el
Penal de Libertad, y planea instalarlos en la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar). Además, la nueva cárcel de Punta de Rieles, que albergará a unos 2.000 presos y será inaugurada sobre finales de 2017, también contará con esta tecnología.

La cárcel, los narcos y Whatsapp

Aunque la Justicia puede utilizar su sistema de escucha conocido como El Guardian para pinchar los celulares de los reclusos, esta tecnología tiene dificultades para rastrear las comunicaciones que se hacen a través de la aplicación Whatsapp. En una de las escuchas telefónicas que este sistema hizo al conocido exrecluso del Penal de Libertad, Alberto Suárez, conocido como el Betito, cuando todavía estaba en prisión, se lo puede oír exigiéndole a uno de sus secuaces que cambie de celular por uno que tenga Whatsapp, para así evitar a la Policía.

Fuente: El Observador

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