Interior retoma a la funcionaria que destituyó tras enfermar de cáncer

Se curó, pero no fue retomada en el Hospital Policial pese a certificación médica. Su caso salió a la luz y enseguida una junta la vio apta.

El viernes 8, Cecilia Labandera (35) recibió un llamado esperado durante seis años. Era del Hospital Policial, donde había sido destituida por “incapacidad” en 2016. Su “incapacidad”, explica, era en realidad el cáncer de mama que había padecido y del que también se había recuperado. Pero ahora la estaban llamando de nuevo para decirle que la retomaban en su viejo cargo, en el que entró por concurso en 2009 y en el que trabajó ahí entre 2010 y 2011: auxiliar de registros médicos y con el antiguo grado policial de cabo. Que ahora sí era “apta”, luego media docena de juntas médicas anuales que habían dicho lo contrario. Y ella volvió a respirar.

Terminaba así una situación que ella califica como un “acto discriminatorio de acá a la China”. Ella era funcionaria del Ministerio del Interior, padeció cáncer y se curó; pero no la dejaron volver a trabajar ahí. Una junta médica del Hospital Policial la declaró incapaz en octubre de 2012, cuando ella llevaba ya un año luchando contra esa enfermedad.

“En octubre de 2012, la junta médica del Hospital Policial me declaraba incapaz para toda tarea. Como expaciente oncológica que soy, es totalmente injusto y aberrante que a una persona con cáncer de mama, justo en ese momento, la traten de incapaz. ¡Estás frente a un tratamiento oncológico que te cambia toda tu vida! ¡Estás peleando por vivir!”, enfatiza, ironizando sobre el “envión” recibido en una patología en la cual el factor anímico tiene una comprobada influencia.

“Al cáncer me lo detectaron en 2011. Me operaron el 31 de octubre. Luego vinieron las sesiones de radioterapia y quimioterapia. Dos años de tratamiento que… no tengo palabras para expresar lo duro y feo que fue, no se lo deseo a nadie”.

En diálogo con ECOS, la voz de Cecilia –vecina de El Pinar, en pareja, aún sin hijos- trasluce esos duros momentos. Ella se trató en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Mamario (Cendytma), de la Asociación Española. Ella trabajaba ahí, también como auxiliar de registros médicos, desde 2001. Y ahí también volvió a trabajar luego de recibir el alta, en setiembre de 2013. En cambio, como si se tratara de una enfermedad distinta, en el Policial le negaban una y otra vez la vuelta al trabajo.

La oncóloga que la trató, Patricia Suárez, certificó su aptitud laboral. Esos mismos certificados también iban al Hospital Policial, donde año tras año seguía recibiendo un “no” como respuesta luego de las respectivas juntas médicas. “¿Por qué? Preguntales a ellos”. No lo entendía: “Yo puedo comprender que cada hospital tenga sus leyes propias, pero el cáncer es el mismo en el Policial, en la Española, en el Pereira Rossell, en todos lados…”.

El 29 de diciembre de 2016, hace casi un año, ella recibió otra llamada del Policial. La notificaban de una resolución final del Ministerio del Interior. No se lo comunicaron telefónicamente pero no auguraban nada bueno. Al día siguiente recibió en mano un ingrato regalo de Fin de Año: una resolución firmada por el ministro Eduardo Bonomi, donde se le rescindía el contrato con la administración pública.

Ahí Cecilia decidió jugarse todo: tras enterarse que el gremio policial al que estaba afiliada estaba desaparecido, acudió a exponer su caso al Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), más ducho en cuestiones mediáticas y orgánicas. Estos, a su vez, elevaron su situación al Pit-Cnt. La mujer tiene una larga lista de agradecimientos y los enumera: Patricia Rodríguez (presidenta del Sifpom), Fabricio Ríos (secretario general del Sifpom), Washington Abdala (asesor letrado del Sifpom), Oscar Andrade (secretario ejecutivo del Pit-Cnt) y Milagros Pau (secretaria de género del Pit-Cnt).

Pocas personas en Uruguay pueden agradecer al mismo tiempo al exsoldado del Foro Batllista y al exdiputado comunista.

Tanto el Sifpom como el Pit-Cnt dieron amplia difusión al caso de Cecilia en octubre. Su situación paseó por la prensa, escrita y televisiva, la radio y los portales. El pasaje de esta situación a la luz pública, que tanto el gremio como la central sindical tildaron también de discriminatoria, se produjo un mes antes en la que el Hospital Policial le realizara dos juntas médicas a su entonces exfuncionaria, en las que se decidió retomarla. Ahora sí era “apta”.

“No me alcanzo de agradecer a quienes permitieron que se me abrieran las puertas y que se hallara una solución. No quiero que haya más Cecilias, no quiero que más mujeres tengan que acudir a abogados en medio de un tratamiento oncológico, no quiero que haya más gente que no sepa adónde correr. Fue algo muy doloroso, ¡me despidieron porque estaba enferma! ¡Y nunca fui incapaz!”, remata.

El regreso de Cecilia a la función pública sería, según le dijeron, por febrero. En breve estaría firmando contrato de nuevo con la administración pública, la misma que le dio salida un año atrás.

Al habérsele extirpado los ganglios del brazo izquierdo no puede hacer fuerza y debe evitar que la piquen los mosquitos, algo habitual en las personas tratadas por cáncer de mama para evitar en linfedema. Pero no es nada que pueda entorpecer, resalta, su tarea. “Trabajo en un escritorio, atendiendo al público, soy administrativa, ¡ni siquiera tengo porte de armas! Pero aunque tuviera, lo que me hicieron fue un acto discriminatorio de acá a la China. ¿Cómo puede ser que cuando la luchaste y saliste adelante quieras trabajar y no te dejen?”, se pregunta. Parece que ahora tiene respuestas.

Fuente: Ecos Uruguay




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