Investigan a argentinos por estafa de US$ 20 millones en Uruguay





Una megaestafa por US$ 20 millones a una treintena de uruguayos es investigada por la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, y el fiscal de dicha materia, Luis Pacheco. En una semana, será interrogada en una audiencia una familiar directa de uno de los empresario argentinos acusados, quien figuraba como titular de la sociedad de Bolsa Open World Sociedad Anónima.

Esta empresa recibía inversiones de uruguayos con la promesa de que ese dinero sería colocado en participaciones en fondos de pensión en Estados Unidos bajo el supuesto de que ello generaría una renta elevada y un seguro retorno a diez años.

Pacheco pidió a Argentina la extradición de ese empresario y de un cómplice. En el vecino país también hay denuncias de empresas bolivianas damnificadas, lo cual habría trancado la extradición del acusado.

Este empresario, quien poseía una licencia de corredor de bolsa hace dos años, tenía vinculaciones con un club de fútbol de primera división de Uruguay. Los denunciantes sospechaban que el hoy investigado tomaba dinero para invertir, lo sacaba al extranjero y luego lo volvía a ingresar a Uruguay mediante el club de fútbol. Ello llevó a que uno de los expresidentes de esa entidad deportiva declarara ante la Justicia.

Al tener un título de sociedad de Bolsa, el empresario argentino contaba con un aura de credibilidad en Uruguay. Por ejemplo, uno de los damnificados denunciantes invirtió US$ 1.300.000 en supuestas participaciones. Open World S.A. también es acusada de estafas en Chile, Bolivia, Colombia, Brasil, Perú y Argentina por un monto que supera los US$ 80 millones.

Alto riesgo.
La investigación penal comenzó en 2014 tras una denuncia penal presentada por los abogados penalistas Nicolás Pereyra y Javier Simonetti, en representación de empresas y personas damnificadas por estafas y apropiación indebida. Poco después, se incluyó también en la denuncia el delito de lavado de activos.

La denuncia, a la que tuvo acceso El País, expresa que Open World forma parte de un engranaje financiero, con el cual se llevó a cabo una maniobra que afectó a una treintena de uruguayos, entre ellos empresarios y profesionales que residen en los barrios Carrasco y Pocitos y en el balneario Punta del Este, entre otros.

“Los denunciados habrían montado una gran puesta en escena para captar fondos de inversionistas; mediante esa estratagema se ganaron la confianza de inversores quienes le otorgaron la administración de su inversión y amplias facultades para disponer sobre la misma”, dice la denuncia.

La maniobra incluyó la captación de fondos de un supuesto banco suizo, pero luego se pudo constatar que dicha institución pertenecía al empresario argentino acusado. “A su vez, desconociendo lo pactado en su momento, el empresario habría utilizado el dinero invertido de sus clientes en inversiones de alto riesgo en entidades de su propiedad. Por ejemplo, inversiones en cuadros de fútbol locales o automotoras, entidades de créditos en Argentina, todas controladas por el empresario acusado”, agrega la denuncia. Enseguida expresa: el propietario argentino creó “una verdadera ingeniería societaria” siendo dueño de entidades con sedes en paraísos fiscales o países con escasa regulación financiera como Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Suiza o Delaware en Estados Unidos.

BANCO CENTRAL
Sospechó de Open World y canceló licencia
El 12 de septiembre de 2014, el Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) dispuso la liquidación administrativa de Open World Sociedad Anónima y designó a un profesional como liquidador. Éste procedió a efectuar la devolución de los valores y fondos que la empresa corredora de Bolsa tenía por cuenta y orden de sus clientes. El profesional constató que la empresa tenía un listado de acreedores por un monto de $ 7 millones. Mientras que el activo de la sociedad de bolsa ascendía a $ 4 millones. Ese dinero se compone por el depósito en garantía constituido en el BCU por un monto de $ 2.500.000 más el título de Corredor de Bolsa avaluado en $ 1.500.000. Tras advertir esta crítica situación, el BCU sospecho de una actividad irregular de la firma y canceló su licencia.

Fuente: El País

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