Justicia falló contra el Ministerio del Interior por asesinato de una joven en 2015

La joven había denunciado en la comisaría de Fray Marcos diferentes tipos de amenazas, pero no fue aplicado el protocolo por el que se le tendría que haber retirado el arma de reglamento al policía denunciado para luego llevar a cabo evaluaciones psicológicas.

Ana Claudia tenía miedo de que él se le acercara con el arma en cualquier momento y le hiciera algo. Así lo contó en la carta que entregó en la Seccional 2ª de Fray Marcos para presentar la denuncia escrita. Una carta de puño y letra, en tinta azul, para la que necesitó dos hojas de cuaderno, porque cuando se le acabó la primera entendió que todavía tenía algo por decir: “Lo que quiero aclarar es que vivo con miedo de lo que pueda pasar”, escribió. Lo enfatizó a pesar de que ya lo había contado líneas atrás, y de que era la conclusión primaria de cualquiera que leyera las carillas anteriores. Decía que con él había tenido una relación “esporádica y paralela” a la que mantenía con su novio, y que un día quiso cortarla porque era “posesivo y agresivo”; que ese día “se puso como loco”, insultándola y amenazándola, diciéndole “que si no iba a estar con él no iba a estar con nadie”; que le pidió que cortara con el novio, si no se le iba “a complicar”, y que incluso le dijo, también en tono amenazante, que “en unos días” iba a tener “noticias” suyas.

Contó que sintió miedo ese día, y que lo sintió después, y que este aumentó en la medida en que se fueron sucediendo escenas con el paso de días y semanas, fundamentalmente después de que ella lo denunció porque a su novio y a su cuñada les llegaron, por Whatsapp, desde un número desconocido, fotos de ellos dos juntos; fotos que sólo él tenía. Después empezó a verlo pasar “mil veces” por día frente a su casa, en el patrullero o caminando de particular; se lo cruzaba en todas partes, todo el día, “cosa que antes no ocurría”. Cada vez que lo veía dejaba como estela una amenaza, una cara temeraria, “como enfurecido”. Ocurría en todas partes y a toda hora, estuviera sola o acompañada. Una madrugada el auto de su novio se descompuso en la ruta y, mientras esperaban el auxilio, otro auto fue y volvió varias veces; “observándonos”, dijo. En una de esas pasadas, notaron que quien iba en el auto era él.

“Varios días a la semana mi padre llega tarde de trabajar y yo me encuentro sola con mis hermanos menores, temiendo que a él se le dé por ingresar a la fuerza o por golpear la puerta de mi casa amenazándome con el arma”, escribió Ana Claudia. Y, por si quedaban dudas: “Por todo lo antes mencionado es que decidí hacer esta denuncia. Me siento insegura y tengo miedo de lo que me pueda hacer ya que está obsesionado conmigo y no entiende que no quiero nada con él”. Pese a que el literal D del capítulo VI del “Protocolo de actuación en materia de violencia doméstica y/o género” en el ámbito del Ministerio del Interior indica que al haber una denuncia contra un funcionario policial se debe efectuar el “retiro obligatorio del arma de reglamento a la persona ofensora”, no sólo no se aplicó sino que la carta no llegó a ser tomada como denuncia de violencia doméstica o de género.

Tres días después de entregarla, el 29 de mayo de 2015, mientras esperaba con su hermano menor en la puerta de la escuela 45 a que sonara el timbre de entrada, pasó lo que Claudia temía: él se acercó con su arma. Y le disparó cuatro veces.

Sentenciado

La jueza Ialisa Briano dio lugar a casi todos los daños por los que el padre de Ana Claudia, en representación suya y de sus tres hijos menores, demandó al Ministerio del Interior ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 2º Turno de Florida. Por daño emergente, lucro cesante y daño moral, el Ministerio del Interior deberá abonar 121.500 dólares, “más el interés legal a computar desde la fecha del hecho ilícito hasta su efectivo pago”, de acuerdo a lo que señala la sentencia de Briano, quien fue enfática en señalar el incumplimiento del protocolo, por el cual se le debía haber retirado el arma al policía. El Ministerio del Interior apeló la sentencia, entre otras razones, porque entiende que se trató de “un hecho personalísimo” de su funcionario. Resta conocer todavía el dictamen del Tribunal de Apelaciones.

La tragedia conocida

El 29 de mayo de 2015 hubo dos muertos en Fray Marcos: Ana Claudia, que murió frente a la escuela mientras decenas de niños y sus familiares corrían para ponerse a salvo, y el policía que la mató. Después de dispararle a ella, corrió hasta el bar en el que trabajaba el novio. No lo encontró. Un compañero policía que lo persiguió le pidió que bajara el arma, pero se suicidó.

Ese mismo día el jefe de Policía de Florida, José Enrique Chavat, instaló su despacho en Fray Marcos e inició una investigación administrativa urgente. Chavat había estado dos días antes en esa localidad del este de Florida, en una reunión con vecinos, acompañado por el subjefe y otros miembros del comando de Jefatura. Al final de la reunión hubo una comida a la que el jefe no se pudo quedar pero sí quienes habían ido con él. Estuvieron con el policía denunciado y le comunicaron algo que Chavat había resuelto días antes a raíz de la denuncia por las fotos y el posterior cruce de denuncias con el novio de Ana Claudia: trasladarlo a otra localidad. Se lo hicieron saber entre bromas, según coinciden algunos de los testimonios recogidos por las investigaciones policial y judicial que llevan más de 1.500 folios, en un expediente al que tuvo acceso la diaria. “Te estás metiendo con una gurisa que no es tu novia”, fue uno de los argumentos manejados entre risas, según los testimonios, basados en lo que el policía contó a compañeros y amigos poco después de enterarse de que sería trasladado. El día siguiente, jueves 28, era su último en la seccional. El 29 tenía descanso y el lunes iba a quedar afectado a otra unidad. Pero no hubo día después.

Ese día los medios nacionales cubrieron el hecho, hablaron de la conmoción en Fray Marcos porque un policía había matado a una joven de 18 años de edad, y leyeron el comunicado que emitió en su portal el Ministerio del Interior. La secretaría de Estado explicó por ese medio que Ana Claudia y el policía habían tenido una relación a la que ella decidió poner fin. “Ante la insistencia no correspondida de retomarla, y habiendo sufrido frecuentes situaciones de amenaza e intimidación por parte de aquel, la joven había denunciado la situación ante la Policía, la cual informó a la Justicia competente”, señaló el comunicado que, días más tarde, se convirtió en un link que hasta estos días da “error: no se puede encontrar la página solicitada”.

Violencia prohibida

La primera denuncia fue presentada el 15 de abril; surgió por las fotos enviadas por el policía. En la comisaría fue tomada como denuncia “por molestias”. A más de un mes de presentada, y tras declarar Ana Claudia, su novio y el policía, la jueza de Paz Carolina Machado estableció, por un plazo de 30 días, “una prohibición a los involucrados a proferirse recíprocamente cualquier tipo de violencia física, psicológica o moral menoscabante a la integridad personal del otro, y de todo tipo de contacto, ya sea personal o por intermedio de llamadas, mensajes de texto, redes sociales o cualquier forma similar”. En la argumentación, la jueza explicó que no pudo comprobar “la existencia de violencia física ni psicológica entre los involucrados, por lo cual los hechos denunciados no abarcan las situaciones establecidas por la ley 17.514 [de erradicación de la violencia doméstica]”. Hubo otras denuncias. Una previa, del policía contra el novio de Ana Claudia, porque –según afirmó– lo insultó en la calle, y otra del novio contra el policía, diciendo que este lo perseguía por todas partes, hasta cuando se iba de pesca, que le inventó una infracción de tránsito para multarlo, que estaba abusando de su función y que lo veía obsesionado con él. Ese día Ana Claudia esperó a su novio en el auto, fuera de la comisaría, y el policía, al verla, se acercó “con cara de enfurecido”, según escribió en la carta del 26 de mayo. “Tranqué las cuatro puertas por temor a que quisiera abrir el auto y golpearme. En ese momento el encargado de la seccional lo vio y lo llamó”.

Razones y personas

¿Por qué no fue aplicado el protocolo? Esa fue la pregunta que intentó responder tanto la investigación administrativa inmediata que instruyó el jefe de Policía como la que tiempo después llevó a cabo el Ministerio del Interior por medio de sumarios. También la intentó responder la investigación que en 2016 se inició a nivel judicial cuando el padre de Ana Claudia presentó la demanda.

Ocurrió que la carta que denunciaba las amenazas fue tomada como una “ampliación” de las denuncias por molestias, y no como una denuncia de violencia doméstica. Así la ingresó el encargado de la Seccional 2ª al Sistema de Gestión en Seguridad Pública (SGSP). Ese día el encargado de la seccional se comunicó con el encargado de zona y le narró el contenido de la carta. Dijo que también le hizo conocer los detalles al juez subrogante, y que este le indicó que agregara la carta a los oficios que tenían que remitir al juzgado por la denuncia que dos días antes había presentado el novio de Ana Claudia. De hecho, el encargado de la investigación administrativa de Jefatura llamó al juez y este se lo confirmó, según se desprende del informe. Pese a ello, los detalles en el parte y la comunicación formal ante la Justicia aparecieron recién el 29 de mayo, cuando Ana Claudia ya estaba muerta.

El día que supo de la denuncia, el 26, el encargado de zona también tuvo que informar a sus superiores, y en las diferentes declaraciones aseguró haber enterado telefónicamente al subdirector de Seguridad. Por transitiva, también tomó conocimiento del caso el director de Seguridad. Pero estos dos últimos lo negaron. Hubo un careo, pero no llevó a nada.

Esa investigación estuvo a cargo de uno de los miembros del comando que, de acuerdo a los testimonios, le había informado al policía, entre bromas, que sería trasladado por “meterse con una chiquilina” que no era su novia.

El informe del sumariante del Ministerio del Interior señaló que la denuncia escrita de Ana Claudia González “configura un caso de violencia doméstica”, aunque apunta que como el protocolo databa de abril de ese año, “pudo suceder que los funcionarios que debieron aplicarlo no estuvieran en ese momento internalizados con las disposiciones del mismo”. De hecho, el encargado de seccional dijo que en aquel entonces desconocía la existencia del protocolo.

De todos modos –subraya el sumariante–, desde mayo de 2012 estaba rigiendo “el procedimiento estatuido en la Orden de servicio de la Jefatura de Policía de Florida”, en el que se establece que, “independientemente de las resoluciones judiciales, toda vez que un policía es imputado o víctima de violencia doméstica, deberá preceptivamente instruirse la correspondiente información de urgencia, a efectos de valoración de psicólogo del CAS y/o adopción de otras medidas administrativas (afectación del servicio, ocupación del arma, etc.)”. Ese procedimiento tampoco fue aplicado.

El sumariante opinó además que “la no consideración de las denuncias por parte de la Justicia como actos que configuraran un caso de violencia doméstica pudo obrar como factor determinante en la consideración de las medidas adoptadas, las que se ajustaron a las resoluciones recaídas”.

Hizo foco en el encargado de la seccional, en el encargado de zona, y en el subdirector y director de Seguridad de la Jefatura de Policía de Florida. En las conclusiones adjudicó la responsabilidad a los dos primeros: los de rango más bajo. “Los funcionarios debieron tener una actitud más diligente y expeditiva” y se tendría que haber aplicado el protocolo “con prescindencia de lo resuelto por la Justicia”, indicó. Sin embargo, un informe de la Asesoría Jurídica discrepó acerca de responzabilizar únicamente a los dos encargados. Apuntó que las llamadas telefónicas en determinados horarios eran parte de la comunicación de rutina para “enterarse de las novedades de importancia”, y que “el director y subdirector de Seguridad contaron con los elementos para acceder a las denuncias, las cuales fueron escritas” y “contra un policía”. “Tuvieron la oportunidad de interiorizarse sobre el contenido” de las denuncias, “máxime cuando dichas denuncias eran en contra de un policía que, además, desde el 15 de abril venía registrando incidentes con los mismos denunciantes y hasta se estaba considerando su traslado”.

Ambos informes coinciden en que debería haberse aplicarse el protocolo.

En el juzgado, otra historia

Mientras que en las investigaciones internas del Ministerio del Interior se achacaban los errores “de valoración sobre el tenor de los hechos denunciados” y se condenaba la no aplicación del protocolo, ante la Justicia la misma cartera argumentó que este no fue aplicado porque no estaba vigente. “Ese argumento carece de todo respaldo”, subrayó la jueza Briano en la reciente sentencia, la misma que condena al Ministerio del Interior a pagar 121.500 dólares a la familia de Ana Claudia. “La defensa esgrimida en cuanto a que no se entendió que se trataba de un hecho de violencia doméstica carece de todo sustento, en tanto el hecho denunciado no fue puesto en conocimiento de la Justicia, única que puede determinar si el hecho que se denuncia encuadra o no dentro de los supuestos que prevé la ley 17.514. Ante tal omisión, ante tal incumplimiento, el ente demandado resulta responsable. Basta leer la carta de Ana Claudia para determinar que se trataba de una situación de riesgo en cuanto a su integridad física y psicológica, y así lo manifestó ella”. Briano fue enfática en que el asesino la mató con el arma policial “que no debería haber tenido en su poder debido a la denuncia presentada en su contra” por Ana Claudia.

Tanto en la defensa durante el juicio como en la apelación presentada a la sentencia, el ministerio alega que la acción cometida por el policía fue ajena a su función, e incluso en un día de descanso. Desde la visión de la jueza Briano, ello “no modifica en nada” la responsabilidad de la cartera estatal. “Sabido es el régimen funcional del personal policial al que se encuentran sujetos los funcionarios policiales estando en o fuera de servicio. No es un hecho irrelevante, sino incluso fundamental, que el homicidio se cometió con el arma de reglamento”, agregó.

Se avanza si se puede

Las dificultades que puedan tener actores judiciales y funcionarios policiales a la hora de identificar situaciones de riesgo para víctimas de diferentes tipos de violencia de género y generaciones suelen estar entre las primeras preocupaciones de los funcionarios que tienen a su cargo esta temática en las respectivas instituciones. Pero los avances se dan según las posibilidades de cada una de estas. El trabajo del grupo de Políticas de Género de la Suprema Corte de Justicia no tiene presupuesto asignado. Intenta avanzar en base a talleres para poder cerrar una primera etapa de sensibilización, pero “el hecho de no contar con presupuesto enlentece muchísimo” el camino hacia las metas, según admite su coordinadora, la licenciada Carolina Patrón.

Los talleres se llevan a cabo fundamentalmente gracias al Centro de Formación de la Cooperación Española. “No tenemos presupuesto ni para hacer el coffee break. A veces, quienes brindamos los talleres tenemos que poner de nuestros bolsillos para comprar galletitas”. En Montevideo 80% de magistrados, defensores y peritos ha participado en talleres de sensibilización, pero en el interior sólo ha participado 11%. Si también se toman en cuenta a los funcionarios, en Montevideo 55% participó en talleres, mientras que en el interior sólo 7%. “Es un trabajo dificultoso pero absolutamente necesario, y no podemos permitirnos renunciar a hacerlo”, comentó Patrón.

Las jornadas de capacitación y sensibilización que desarrolla el Ministerio del Interior pretenden, entre otros aspectos, que “las conductas violentas no sean minimizadas”, explicó a la diaria la encargada de la División Género del ministerio, July Zabaleta, durante una jornada desarrollada con efectivos de Florida en octubre de 2015.

La doctora Andrea Castro, encargada de la Unidad Especializada de Violencia de Género de la Policía de Florida, contó que en 2016 la meta trazada fue la de llegar con cursos y talleres a todo el personal ejecutivo. Se alcanzó. En cuanto al conocimiento del protocolo de actuación en casos en los que el protagonista es un funcionario policial, dijo que duda de que hoy pueda haber algún efectivo que no lo conozca. De hecho, es uno de los temas que más interés despierta entre quienes asisten a los cursos y talleres, según comentó.

En cuanto a los criterios de aplicación, en los casos que corresponda la ocupación del arma, su criterio personal es de hacerlo automáticamente. Explicó a la diaria que se trata de algo que está sujeto a cómo se evalúa, ya que el protocolo hace referencia a que debe hacerse obligatoriamente, pero no especifica que deba ser automáticamente. “De todos modos, es un tema que a nivel nacional se está trabajando para ajustar”, añadió.

Fuente: La Diaria




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