La batalla de los narcos en Uruguay





En menos de cinco años el accionar de las bandas se hizo más violento y territorial. Las tasas de homicidio se dispararon en siete barrios por la existencia de clanes que se disputan el no tan lejano oeste montevideano. En algunos barrios los asesinatos cuadruplican los guarismos de zonas como la costa este de la ciudad. Este fenómeno llegó para quedarse. ¿Quiénes son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué hacer para revertir el proceso?. Preparamos un informe especial que acompaña este artículo.

EL INICIO

Después de la crisis de 2002, el narcotráfico en Uruguay dio un salto cuántico. Hasta entonces, era un lugar de pasaje entre los países productores como Colombia, un puente con los mercados importantes como Estados Unidos y Europa.

Pero el hallazgo como producto de la pasta base de cocaína -hecha sobre la base de los restos más tóxicos del clorhidrato- le cerró los costos perfectamente a las mafias regionales para instalar sus propios laboratorios en la región y establecer sus propias lógicas.

El resultado fue redondo: crisis social y económica por un lado, y por otro una droga altamente adictiva y barata que provocó cambios en la sociedad que todavía hoy se están haciendo notar.

Esos cambios se reflejan en el mapa delictivo uruguayo actual. Hay una docena de grupos mafiosos instalados en el oeste de Montevideo que ha ido creciendo y ajustándose a las nuevas realidades del mercado de la droga.

UN NEGOCIO DE FAMILIAS

La ilegalidad necesita amplia confianza. Y en ese sentido, las mafias se forman, casi de manera espontánea, de grupos con vínculos sanguíneos y círculos reducidos de personas.

Son formaciones en círculos concéntricos en el que también participan mujeres y adolescentes.

Según un informe del Ministerio del Interior dado a conocer por el semanario Búsqueda en 2015, hay cinco grupos que monopolizan la gran parte de la actividad.

Coexisten en Cerro Norte el grupo los de hermanos Alvariza, con el que creó Luis Alberto Suárez, conocido como “El Betito” recientemente liberado del Penal de Libertad.

En Casavalle y Borro, la Policía ubica a Marcelo “Chelo” Panizzi, a “Los Algorta” en el 40 semanas y a “Los Bartolo” en el Marconi. Hay otros grupos menores como “Los Caquitos” en Chacarita de los Padres, por solo mencionar alguno. Pero hay más,

Algunos de estos grupos fidelizan a la población de sus barrios, aún cuando las personas no estén involucradas en lo delictivo.

Se encargan de pagar servicios públicos, ya sea para ganar la confianza, ya se como forma de extorsión, a efectos de pedirles tareas de información o vigilancia. De esa manera también reclutan jóvenes para tareas menores en principio.

En una nota con varios medios, el ministro del Interior dijo en 2013 que estos barrios son sucursales de la cultura carcelaria. Y al revés.

DE RAPIÑERO A NARCO

El caso de Suárez es el paradigma de lo ocurrido en Uruguay y en el que la cárcel obró como escuela.

“Betito” fue considerado por el juez Néstor Valetti como el criminal “más peligroso del sistema penitenciario” en oportunidad de un encuentro criminológico en Buenos Aires desarrollado en 2012.

Fue integrante de una “superbanda” y hasta principios de la década de 2000 era un clásico rapiñero. Pero en la cárcel conoció a narcotraficantes internacionales -como el serbio Zoran Mihailovic Jaksic- con quienes aprendió los secretos del negocio, según la Policía.

Informes de Inteligencia carcelaria señalan que a “Betito” se le incautó literatura organizativa del Primeiro Comando da Capital (PCC), el grupo narcotraficante carioca, y el más importante y temido de Brasil.

Diez años después de su conversión narco, Betito manejaba un ejército de entre 50 y 100 personas en Cerro Norte, informó El País en un artículo de 2016.

Tras su salida de la cárcel desapareció del radar de la Policía. Pero algunos de sus hermanos y hermanas han sido indagados por enterramientos y asesinatos, ocurridos en contra de individuos integrantes de bandas rivales

Hasta hace unos años había una convivencia pacífica. Pero en los últimos cinco años los problemas primero por público consumidor y luego por territorio derivaron en conflictos que trajeron aparejados nuevos desafìos para la Policía.

POCA TÁCTICA, NADA DE ESTRATEGIA

El director de la Policía Nacional, Mario Layera, un funcionario con cerca de 20 años de experiencia en la investigación del narcotráfico, el crimen organizado no es tan organizado como se escribe.

Los pequeños “ejércitos” no obedecen a una sola cabeza ni a una estrategia definida.

Según Layera, la mayoría de los ajustes de cuenta obedecen a impulsos individuales o a enfrentamientos entre pequeñas facciones.

Por otra parte, no hay historias de narcos que se convierten en empresarios y lavan su pasado además de sus billetes como ocurrió en Colombia y ocurre en México.

“Lo que hemos visto hasta ahora es que no pueden salir del entorno de pobreza en el que surgen. La sociedad uruguaya es chica, todos se conocen.

No se han detectado operaciones de lavado de dinero, ni inversiones sospechosos provenientes de estos grupos, coinciden en señalar el fiscal de Corte Díaz y el jefe policial Layera.

Algún indicio puede verse en el fútbol. Un caso que une ambos mundos fue el asesinato del representante de futbolistas Washington “Bochita” Rissotto” –con antecedentes por asistencia al narcotráfico- asesinado por sicarios en plena calle y a la luz del día en el barrio Sur el 2 de enero de 2012.

Al principio, la sorpresa dejo lugar a la simple convicción de que eran homicidios que ocurrían entre los propios delincuentes. Por otra parte, para la Policía era difícil investigar este tipo de homicidios en operaciones relámpago y en los que víctima y victimario no tenìan una clara relación entre sí. Resultaba difícil establecer una trazabilidad de los casos, y en todo había otras prioridades.

Pero en los últimos tiempos casos como el de las adolescente Micaela Saccone y Marcela Artagaveytia, víctimas inocentes en medio de ajustes de cuenta de sicarios, han hecho reflexionar sobre lo que significa el alcance del narcotráfico más allá de sus problemas intrínsecos.

La fortuita y trágica muerte de Marcela fue la consecuencia de un ataque entre narcos que la tomó de sorpresa cuando cruzaba la avenida Giannattasio a principios de febrero de 2016.

La camioneta de la víctima –inconsciente tras ser baleada- la atropelló cuando iba a un baile con amigos.

Micaela Saccone murió calcinada y baleada dentro de un auto en un ajuste de cuentas contra una persona que apenas conocía. Uno de sus acompañantes esa noche había estado un año en Italia escondido de quienes serían sus asesinos. A pocas horas de regresar a Montevideo fue ejecutado junto a Micaela y otro adolescente. Sus cuerpos aparecieron dentro de un auto en un descampado en la calle Carlos López.

El destinatario de tanta violencia se llamaba Bryan Méndez Silvera, de 22 años. Había declarado contra sus asesinos en un caso que le tocaba de cerca.

Bryan Méndez Silvera era sobrino de Claudia Silvera, secuestrada delante de Bryan y asesinada poco después. La ejecutaron de un balazo e incendiaron su auto en Tres Ombúes.

Silvera, a su vez, era viuda de Wellington Rodríguez Segade, un capo de 40 semanas, asesinado un año antes por la misma banda.

Se trata de una guerra en la que los apellidos se repiten y se repiten.

A fines de marzo, Pablo Algorta fue ejecutado al bajarse del ómnibus en avenida Batlle y Ordóñez y avenida Italia en pleno mediodía y ante la vista de decenas de personas. Los dos hombres en moto que seguían el ómnibus lo esperaron allí para darle un balazo en la cabeza.




Como su nombre lo indica, era parte de la familia Algorta, uno de las principales bandas criminales del oeste. Meses antes había sido indagado por un asesinato, pero no se le pudo probar nada.

DESAPARICIONES FORZADAS Y ENTERRAMIENTOS

Los casos son muchos, pero algunos responsables se repiten.

El Tulita”, “El Gárgola”, “El Manolo” y “El Oreja Donato” forman una banda que tiene amplio reconocimiento en la zona de La Paloma.

La Policía cree que son los responsables de decenas de homicidios por ajuste de cuentas y desapariciones forzadas con descuartizamientos, algo que antes había que leer en informes sobre delincuencia en El Salvador o México.

Este grupo y algunos de sus cómplices están presos por otros delitos. El Oreja Donato está recluido en Brasil por tráfico de drogas actualmente.

La Policía tiene la convicción de que Donato ha tenido que ver con otros hechos violentos como el asesinato de una pareja de paraguayos en Giannattasio.

El matrimonio estaba involucrado en el narcotráfico y estaba en Montevideo huyendo de los problemas en su país.

Los sicarios que los emboscaron en plena Ciudad de la Costa a principios de febrero de 2016 son una de las relaciones internacionales entre delincuentes de la región.

GEOLOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA

Los años 2013 y 2014 fueron el clímax de los homicidios por ajuste de cuentas.

La tasa de homicidios, que se mantenía estable desde hace décadas, creció sorpresivamente de un año para el otro. Los ciudadanos comenzaron a escuchar cada vez más seguido el concepto de “ajuste”, la forma en que la Policía tradujo este tipo de homicidios entre pares de bandas rivales.

Las bandas organizadas no solo instalaron el sicariato como una figura más del escenario donde oferta y demanda se juntan.

Con las muertes por encargo llegaron los negocios anexos como la compra y venta de armas, Los secuestros extorsivos. Las desapariciones forzadas en formas de enterramientos, nuevos símbolos de una lógica que mira hacia el universo propio pero también al resto de la sociedad.

Esta suma de unidades de negocio –en los que la extorsión es el delito madre.- es lo que en el lenguaje penal se llama Crimen Organizado.

Aunque lo que pasa en Uruguay dista mucho de lo que vive Centroamérica, hechos de una violencia inusitada se han registrado en Montevideo y zonas aledañas que hacen pensar que estas formas llegaron para quedarse.

A la Policía no le ha tomado de sorpresa. Desde 2011 o antes el ministro Eduardo Bonomi viene señalando el fenómeno de la territorialización.

También Bonomi sabía de antemano -y así se lo dijo al semanario Búsqueda a principios de 2016- que en los barrios conflictivos iban a registrarse casos de desbediencia civil contra la Policía.

En efecto, poco después, uno de los casos que resultó conmocionante fueron los disturbios en el barrio Marconi en mayo de 2016.

En los enfrentamientos de Marconi falleció un menor de 16 años. Un taxista y un médico resultaron heridos. Además, los atacantes incendiaron un ómnibus y 2 autos. Hubo 12 detenidos y 2 policías conducidos a la Justicia por su participación en los incidentes.

El origen de la situación fue un robo llevado a cabo por dos jóvenes, pero el devastador despliegue posterior dejó claro que no fue algo espontáneo. Nunca se aclaró quién estuvo detrás de la situación, ni cuál fue el motivo. LO cierto es que el Estado debi´po extremar medidas para que personal de salud y educación, gentes que prestan servicios en la zona, pudieran ingresar con las mínimas garantías de integridad.

TORMENTA PERFECTA

No es un problema de crimen organizado. Es una subcultura que crece al margen de las cifras macroeconómicas. Esta “tormenta perfecta” se sitúa en e lnorte y oeste de la capital, pero tiene derivaciones en toda la ciudad,

En todo caso la geolocalización ha ayudado a la Policía a comprender cómo enfrentar un problema de seguridad pública nuevo y desafiante.

En siete barrios de la capital uruguaya se producen hoy el 50% de los homicidios no aclarados. El mapa coincide perfectamente con el territorio de las bandas de narcotráfico, las jurisdicciones policiales Zonas 3 y 4, según datos de 2016 y que se repiten en el primer semestre de 2017.

Un estudio de la Fiscalía de Corte, a cargo de Jorge Díaz, permite ver que los puntos calientes se repiten con asiduidad. El mapa señala hasta las manzanas más conflictivas de la ciudad, señala Dìaz.

Lo que muestra el trabajo es la dualidad de Montevideo. Mientras en la costa, los asesinatos constituyen un registro de menos de 5 cada 100.000 habitantes, en la zona oeste esa cifra está está por encima de 20 cada 100.000.

Según Díaz, el primer indicador es europeo, en tanto el segundo guarismo corresponde a la peor América Latina.

El sociólogo y exdirector del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, Alejandro Paternain, subraya que estas formas de violencia no llegaron de un día para el otro y tampoco se irán así nomás.

Paternain, senador suplente de Constanza Moreira (Casa Grande, Frente Amplio) trabaja en el paquete de leyes que intentan adaptar la penalización de los menores de edad de cara a la aplicación del nuevo código del proceso penal que entrará en vigor en noviembre.

“Me gustaría cree que esto no llego para quedarse”, dice Paternain y destaca el papel del Estado –en todos los ámbitos- para que el delito no gane la pelea con el resto de la población que vive en esos barrios en forma honesta.

Lo cierto es que la represión del narcotráfico no puede ser la única estrategia.

El Ministerio del Interior había iniciado en 2013 acciones que buscaban la inclusión social como el “Plan 7 Zonas”, pero la falta de presupuesto ha obligado a las autoridades a suspenderlo por el momento.

Con obras de iluminación y la instalación de plazas en barrios de alta vulnerabilidad, se buscaba por la vía de los hechos combatir la oferta de los grupos delictivos a través de actividades culturales y educativas bajo el concepto “Más barrio, más vida”.

Hablar de esto implica también pensar en una sociedad que sufre problemas inimaginables –educativos, de fragmentación- respecto a los tiempos en que los ciudadanos de este país se vanagloriaban del eslogan “como el Uruguay no hay”.

Según un informe del Ministerio del Interior, la Policía tiene registradas unas 60.000 personas que han sido procesadas desde 2003 por la comisión distintos delitos, desde rapiñas a lesiones personales, hurtos, copamientos, entre muchos otros.

Actualmente hay más de 11.000 personas privadas, uno de los índices de prisionalización más altos de América Latina. Un 40% de los procesados son primarios.

Depende desde que lugar se hable, la cifra destacará la eficacia policial, la rigurosidad de las leyes o la cantidad de gente que ha decidido delinquir.

El inspector Layera reconoce que es “mucha gente” la que ha decidido no cumplir las normas, pero dice que todo no es problema de la Policía.

Fuente: Subrayado

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