La trama en la guerra de narcos

El mercado del narcotráfico tiene de fondo una guerra entre bandas que están dispuestas a todo por obtener el monopolio. Son grupos organizados de familias que lideran barrios de la zona norte de Montevideo y muchas veces reclutan aliados para poder permanecer en el podio. Dentro de ellas, las bandas de Wellington “Tato” Segade y de Gerardo “Lalo” Algorta llevan librando una lucha desde hace años por el dominio del barrio 40 Semanas, en la que ambos líderes fueron asesinados –Segade en 2015 y Algorta en 2017– y en la que también participaron otros grupos familiares que intentaron aprovechar que esas bandas se debilitaron para poder tener el control.

El miércoles 20, una de esas organizaciones familiares cayó en Casavalle luego del mayor operativo de los últimos tiempos, que desde hacía semanas era planeado por tres fiscales, de Drogas, Mónica Ferrero, de Delitos económicos, Enrique Rodríguez, y de Homicidio, Juan Gómez. Era la banda de Los chingas, liderada principalmente por mujeres y con una estructura de trabajo que bien podría compararse con la de una empresa, pero del delito. En el grupo cada hermano de esa familia tenía una tarea específica.

Por un lado, estaban los jefes y coordinadores del comando de extorsión, encargados de dirigir a quienes amenazaban a vecinos. Según indica el pedido de formalización del operativo del miércoles 20 firmado por el fiscal Rodríguez, extorsionaban a personas de Casavalle y las obligaban a abandonar sus casas bajo amenaza de lastimarlos o matarlos. En algunos casos, de la amenaza se pasó a los hechos. Según indicó el fiscal Rodríguez, entre el 15 de octubre y el 1 de noviembre de este año fueron desalojadas 77 personas y 25 casas.

Cuando las viviendas eran abandonadas, la madre de uno de los coordinadores se encargaba de clasificar los objetos que habían adentro y venderlos en el mercado negro. A su vez, las casas podían ser ocupadas, vendidas o alquiladas. En muchos casos, pasaban de ser hogares de familia a convertirse en depósitos de armas, drogas, objetos robados o en lugares de reunión de delincuentes.
Luego de decenas de allanamientos, detenciones e incautaciones, la operación Mirador –como se denominó al operativo del miércoles 20– tuvo como primer impacto 10 formalizaciones con medidas cautelares que fueron desde el arresto domiciliario a la prisión preventiva.

La banda Los chingas comenzó como un grupo de rapiñas y hurtos, luego incursionó en un pequeño mercado de drogas. Y, con el debilitamiento de los Algorta y de los Segade –con quien llegó a formar una alianza–, logró poseer gran parte del control del narcotráfico, al punto que solo la cocaína pura incautada en los allanamientos de esta semana superaba los US$ 112 mil. En medio de la guerra entre los Segade y los Algorta por el dominio del barrio 40 Semanas, otra banda se hacía escuchar a los tiros desde el Cerro: la de Luis Alberto “Betito” Suárez. Si bien estuvo en prisión durante 11 años por varios delitos, el Betito seguía siendo el jefe de su organización, pero necesitaba aliados. Fue así que generó una alianza con los Algorta y lo demostró en 2016 cuando la viuda del Tato Segade fue secuestrada e incinerada por tres hermanos de Suárez, que están en prisión por ese caso.

Los balazos siguieron y se llevaron la vida de más de 20 personas entre líderes, sicarios descubiertos y colaboradores. Algunas de esas muertes siguen siendo investigadas y el fiscal Gómez aguarda pericias de armas incautadas en la operación Mirador para determinar si de allí salieron algunos de esos disparos. “Si somos, que se note”, suelen decir y escribir a modo de eslogan los integrantes de Los chingas. En los últimos años comenzaron a hacerse notar y la operación Mirador fue el primer gran golpe para intentar silenciarlos.

Fuente: El Observador




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