Los ajustes de cuentas instalaron la impunidad

Foto: Diego Battiste

Para establecer los grados de criminalidad de un país, los organismos internacionales eligieron centrar las estadísticas en el homicidio, seguramente porque está considerado el delito más grave, que atenta contra el principal valor a defender: la vida. Pero como toda estadística, esta referida a los homicidios tiene sus bemoles. Un día sí y otro también nos enteramos de que en Argentina hubo un copamiento con toma de rehenes.

En el país vecino hay unos 200 secuestros al año, un delito que en Uruguay es inexistente, al punto que los que hubo en las últimas décadas se pueden recordar con lujo de detalles porque se cuentan con los dedos de una mano. Argentina luce como una sociedad donde la violencia se expresa de forma radical en las manifestaciones sindicales, sociales o políticas y donde, además de dos atentados terroristas, hay situaciones extremas como la muerte sospechosa de un fiscal de la Nación.

Sin embargo, si se toman solo los homicidios como lo miden los organismos internacionales (en relación a su población) da que en Argentina hay seis homicidios cada 100 mil habitantes, mientras que en Uruguay el último guarismo es de 7,7. La media mundial estuvo por décadas en 8 cada 100 mil habitantes pero hoy ronda el 6, mientras que América Latina (la región más violenta del mundo) tiene una media de 18.

Por detrás de las cifras frías, en Uruguay el homicidio tiene una historia que refleja de algún modo la evolución que tuvieron diversas formas de violencia. En 1980 hubo 126 homicidios y por entonces el porcentaje de aclaración rondaba el 80%. Ese alto porcentaje de aclaración, que contrastaba con otros países de la región donde la violencia evolucionó más rápidamente, se debía a que, aún hoy, la mayor parte de los homicidios se dan entre personas conocidas.

El homicida está en el entorno cercano de la víctima y esto facilita la tarea de los investigadores. En 1990 los asesinatos treparon a 206, en 2000 a 216 y el año pasado fueron 265.

Lo que sí parece relevante es la pérdida, ya consolidada, de los altos niveles de aclaración.
Con la llegada del narcotráfico a escalas mayores y la lumpenización de sectores marginales dedicados a la delincuencia, los ajustes de cuentas son moneda corriente. Homicidios cometidos en un ámbito donde la Policía se mueve con dificultades, testigos que no colaboran y un trasfondo de guerra por el mercado de las drogas que contribuyó a que los niveles de aclaración fueran cayendo hasta este 37% de hoy.
Si tenemos en cuenta los datos de Montevideo a los que accedió El Observador, de 157 homicidios cometidos en la capital en 2017 se aclaró “judicialmente” 32%. Además la Policía cree que aclaró otro 15%. Esta diferenciación es la que hace el Ministerio del Interior con aquellos homicidios que se tiene la certeza de quién fue el responsable, pero no se reunieron las pruebas suficientes para poder condenar al homicida.

Parece lógico que, según datos totales y nacionales de 2016 (cuando hubo 265 asesinatos), el 37% de las víctimas tenía antecedentes penales, un guarismo bastante similar al de los ajustes de cuenta que hubo ese año y también parecido al porcentaje de muertes sin aclarar.

A la hora de seleccionar los homicidios por tipo, las cifras más abultadas siguen estando entre aquellos cometidos por personas que se conocían (violencia doméstica, femicidio, riñas entre vecinos, etcétera).
Otro dato que no guarda relación con el impacto que tiene cuando ocurre son los homicidios cometidos por adolescentes. En 2016 fueron uno de cada 10, y según estas cifras de 2017 correspondientes a Montevideo ese guarismo apenas llega al 3%. Los homicidios, como la mayoría de los delitos, son cosas de adultos.

También se ha consolidado con el paso de los años la violencia en determinadas zonas de la capital. La seccional 17, que comprende los barrios de la cuenca de Casavalle, se lleva el triste primer puesto. Esa, que es la zona 3, reunió 65 asesinatos, contra 12 que hubo en la zona 1 (el Centro y la costa). De los muertos, 134 eran hombres y 22 mujeres.

Fuente: El Observador




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