Malestar en Argentina por demora de datos sobre dinero incautado

Un sindicalista argentino entró, compró mansiones, 14 autos, depositó en cofres más de US$ 6 millones. Lo atraparon, pero no está claro qué le van a imputar. Uruguay está en la ruta del lavado de dinero. Una ley intenta terminar con esto, pero muchos dudan de que se pueda.

Un sindicalista rico, millones que no se sabe de dónde salieron, armamento de guerra, mansiones, autos de alta gama y hasta un nexo con una banda de narcotraficantes.

Uruguay, otra vez, fue locación para una seguidilla de hechos que se parecen más a una serie de moda de Netflix que a lo que uno puede imaginar es la cotidianidad de un balneario como Playa Verde. Porque aunque muchos medios argentinos no hacen más que hablar de Punta del Este, a Marcelo Balcedo y su mujer los atraparon a casi 50 kilómetros de allí.

Argentina tiene hasta el 4 de febrero para pedir la extradición de Balcedo, aunque puede solicitar una prórroga. De todas formas, la Justicia del vecino país ya informó que lo hará la semana que viene. Además, se apresta a reclamar que se le envíen todo el dinero y los autos comprados por el sindicalista en Uruguay. Todo esto fue confirmado a El País por fuentes judiciales de la otra orilla. También expresaron su malestar por lo que se está demorando en determinar cuánto dinero tenía en total, entre lo encontrado en Playa Verde y los cofres de seguridad.

“Pedimos hace días que nos manden la lista con todo, pero no llega”, señalaron a El País. De ambos lados del Río de la Plata quieren quedarse con las propiedades, los autos y el dinero de Balcedo; en el caso de Uruguay esto se invertiría en la lucha contra el lavado de dinero.

Balcedo tenía US$ 500.000 en su chacra, “El Gran Chaparral”, y la Justicia uruguaya llevaba ayer contados US$ 6.300.000 de los cofres de seguridad, a esto hay que sumarle los autos de alta gama que el gremialista coleccionaba, que eran 14 y se calcula que valen en total unos US$ 2.000.000. Una fuente del caso en Uruguay, en tanto, dice que se maneja la posibilidad de que haya “plata enterrada” en la chacra de 96 hectáreas, ubicada en Cerro del Burro, que fue tasada en US$ 3 millones. El sindicalista también posee otra mansión en Playa Verde llamada “Sounion”.

De “El Gran Chaparral”, Interpol, que estuvo encargado del operativo en el que arrestaron a Balcedo y a su esposa, secuestró tres armas de guerra: una pistola Glock 9 mm, un revólver calibre 38 y un fusil replica de un AR 15 calibre 22. Todas tenían sus municiones correspondientes. El coronel Daniel Farías, del Registro Nacional de Armas, confirmó a El País que ninguna estaba registrada, por lo que la Justicia ya lo podría procesar por tenencia ilegal de armas. Pero no está claro por qué más podrían procesarlo.

En Argentina “aún no está probado el vínculo de Balcedo con el narcotráfico, pero seguimos investigando”, indicaron fuentes judiciales de ese país.

Por la noche del viernes fue procesado con prisión preventiva Mauricio Yebra, el número dos del sindicato de la educación Soeme, el mismo de Balcedo. A Yebra se lo investiga por sus presuntos vínculos con la banda de narcotraficantes “Los Monos”.

La Justicia argentina sospecha que tanto Balcedo como Yebra lideraban una red de lavado de dinero, en la que participaba además su esposa —de quien también se pedirá la extradición—. Entre 2012 y 2013 estos retiraron más de US$ 5 millones de dólares de las arcas de Soeme. La cifra es menor que la ya incautada en Uruguay —y sin contar, entre otras cosas, las 14 propiedades que ya fueron allanadas en Argentina—, por eso es que se sospecha que, además de lo sacado del sindicato, hay dinero que proviene de otro lado.

Yebra es propietario de unos 15 vehículos que, según se descubrió, eran utilizados por la banda “Los Monos”, de la ciudad argentina de Rosario. En la chacra de Balcedo no se encontraron drogas, a no ser un poco de marihuana que por la cantidad se consideró que era para consumo personal.

En el allanamiento también se halló documentación sobre sociedades, que está siendo analizada por la Justicia. La defensa alegará, según supo El País, que el dinero que tiene, más allá del retirado del sindicato, proviene de su familia y de sus negocios legales. Balcedo tiene, entre otras cosas, un diario llamado Hoy, y que cerró, supuestamente “de forma temporal”, la semana pasada.

La creación de sociedades es uno de los mecanismos más utilizados por quienes lavan dinero. Así lo advierte el titular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa. “Lo que nosotros vemos como las formas más graves, más usadas para lavar, son las sociedades y los bienes raíces”, sostiene.

La legislación uruguaya no contemplaba hasta el 20 de diciembre pasado el delito de autolavado —es decir cuando una persona consigue el dinero de manera ilegal y al mismo tiempo se encarga de lavarlo—, sino que en este tipo de casos lo que se hacía era procesar a la persona solo por el delito precedente. Ejemplo: si era un narcotraficante que lavaba el dinero obtenido por las drogas, se lo procesaba por narcotraficante, pero no por el lavado. Los cambios realizados en la Ley Integral contra el Lavado de Activos establecen modificaciones en este sentido, se contempla sí el autolavado, pero como todo lo que tiene Balcedo lo tiene desde antes del 20 de diciembre, en teoría no se le podría imputar.

“Se está haciendo una investigación viendo todos los bienes y tratando de ver todos los movimientos financieros y comerciales que hicieron Balcedo y sus allegados acá. El tema es que el juzgamiento dependerá de que haya un delito precedente al lavado. Acá no se ha detectado todavía un delito precedente”, señala Espinosa. También advierte que aunque en teoría no se le puede imputar autolavado, hay casos en que esto sí se hizo pese a lo que establecía la ley anterior y, por lo tanto, esto puede haber asentado una jurisprudencia que sirva para procesar a Balcedo.

Tampoco se lo puede juzgar por defraudación tributaria, puesto que la ley contra el lavado de activos no incluía esto hasta el 20 de diciembre. Explica Espinosa: “Si Balcedo hubiese cometido una defraudación tributaria no hay caso, no hay nada que hacer en este sentido, porque la ley no es retroactiva. Por eso es muy importante el cambio que se hizo, porque da más amplitud para las investigaciones. Porque el tema tributario casi siempre está vinculado a estos delitos”.

Ni la Justicia uruguaya ni la argentina tienen idea, siquiera, de cómo fue que entró la plata de Balcedo —o vaya a saber de quién— a Uruguay. “Todavía no se sabe por dónde entró. Ya se hicieron pedidos de informes a los bancos”, señala Espinosa. Desde Argentina, en tanto, dicen que esto también “se está investigando” allá, “pero no hay nada definido”.

Todo apunta, sin embargo, al avión que alquilaba Balcedo por US$ 60 mil mensuales, un Gulfstream G-IV que pertenece a la empresa Matrix Aviation, con sede en Florida, Estados Unidos, y que según informó el diario argentino La Nación “el dueño es un empresario que alquila aviones por todo el mundo y por muchos años le alquiló al expresidente venezolano Hugo Chávez”.

En tanto, Clarín informó que Balcedo hizo 405 “movimientos migratorios” hasta el 20 de diciembre pasado, que fue la última vez que vino a Uruguay antes de su detención.

Más allá de Balcedo.

Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado vienen creciendo año a año. En 2017 se registraron 550, lo que implica una cifra récord. En 2016 fueron 480 —391 del sector financiero (bancos, casas de cambio) y el resto del no financiero (inmobiliarias, casinos, escribanos). De los ROS de 2016 solo 11 fueron derivados del Banco Central a la Justicia para que inicie una investigación. El Banco no respondió las consultas de El País por los datos de 2017, tampoco por qué tantos reportes y tan pocas denuncias.

Por otro lado, la unidad de supervisión y control de la Secretaría Antilavado llevó adelante desde junio de 2016 hasta diciembre de 2017 un total de 767 inspecciones a personas obligadas a hacer reportes no financieros. Se inspeccionó a 274 escribanos, 229 usuarios y exportadores de zonas francas, 133 inmobiliarias y consultoras, 53 administradores de sociedades, 40 rematadores y 38 casas de compraventa de oro, antigüedades, obras de arte y joyas.

La nueva ley establece, además, que se realizarán controles y están obligados a reportar operaciones sospechosas, abogados —lo que molesta a muchos de estos profesionales, mientras otros tantos consideran que está bien cooperar en este sentido—, contadores, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales —lo que incluye, entre otros, a partidos políticos y clubes de fútbol y básquetbol—. Esto permitirá analizar, en el primer caso, la financiación de las campañas políticas —algo que ya debería hacer la Corte Electoral—, y en el segundo tanto los pases como los “aportes” que se hacen a los clubes —esto en un fútbol en el que la compra de jugadores por parte de contratistas es algo que está prohibido, pero que tanto los clubes como los empresarios confiesan que sí se hace. (Qué Pasa, domingo 2 de julio de 2017, La pelota sí se mancha).

“Los abogados en realidad ya estaban incluidos en la ley para los casos en que estos actuaban a cuenta y orden de un tercero, ahora se agrega, además, los casos en que administran bienes de los clientes. Es un cambio grande, pero también queda claro que los abogados que actúan como defensores no son sujetos obligados”, explica el abogado experto en derecho tributario, Leonardo Costa. Tampoco se los obliga si actúan en calidad de asesores.

“Creo que lo que esta ley mete no cambia el fondo del asunto. Lo de los abogados y los escribanos es grave. Ya se verá lo que pasa cuando la gente no reporte. A ver, yo no voy a denunciar a un cliente. Eso no existe. Esta fuera de la realidad. Ni yo, ni nadie”, dice, en tanto, el abogado Andrés Ojeda.

El penalista sostiene, además, que “conceptualmente es terrible” lo que hace la nueva ley, “porque se persigue a la gente para quedar bien con la comunidad internacional; lo que se necesita es dar garantías, pero hacerlo sin achicar las libertades personales. Hay que encontrar el equilibrio entre las dos cosas”.

El abogado Manuel Lessa, experto en lavado, se toma menos a pecho los cambios, y sostiene que “la nueva normativa no viene a ser más que una recopilación de cosas que ya existían”. Y agrega que él ya hacía denuncias de forma regular, por trabajar tanto con zonas francas como con sociedades. “Los abogados siempre hacemos reportes cuando vemos que algo no cierra: cuando cambia el beneficiario final de una operación, cuando las cifras que se mueven no son las normales, cuando el cliente declara que gana US$ 10.000 y hace una operación por US$ 500.000”.

Lessa dice que no tiene miedo de hacer estas denuncias, puesto que son anónimas. “Nunca se puede enterar (el cliente). Es un formulario, lo llenás, vas al Banco Central, lo sellan y te olvidás”, suelta despreocupado.

Reportes obligatorios.
El coordinador del grupo de trabajo de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, Luis Silveira, dice que, a su entender, “los operadores inmobiliarios no tienen que estar controlando tanto como pretende la ley”. De todos modos, sostiene que se trata “de concientizar y dar docencia a los socios de la cámara en todo lo que se debe hacer”. También reconoce que “claro, en algún punto, hay algunas situaciones que se escapan”.

Silveira dice que los cambios en las reglamentaciones han hecho que “decaigan las inversiones de argentinos” en Uruguay. “Se nos viene cayendo un poco la inversión de los argentinos: primero por el cierre de los puentes, después por el tratado de reciprocidad entre la DGI y la AFIP (la DGI argentina). De cualquier manera yo no diría que el dinero es todo de lavado de activos. Nosotros hemos discutido siempre la diferencia que hay entre lavado sucio y lavado negro. El sucio es por narcotráfico, el negro es por la falta de pago de impuestos. Y cuando uno lo rechaza tampoco es que el país se lo pierde, porque si no lo acepta uno lo acepta otro”.

Desde la Asociación de Bancos Privados (ABPU), su director ejecutivo, Jorge Ottavianelli, señala que si bien se tratan de hacer “los mayores esfuerzos” para controlar, la nueva reglamentación implicará cambios que quizá lleven un tiempo para poder implementarse. “Los cambios llevan a nuevas respuestas por parte de los bancos, porque establecen mayores controles. Y a esto hay que sumarle el desarrollo tecnológico que implica, además, menos contacto con el cliente. Por lo tanto es necesario buscar otras formas para asegurar que el cliente es quién dice que es y que el origen de los fondos es el adecuado”, sostiene.

Ottavianelli manifiesta que el mayor desafío para los bancos es adaptar sus mecanismos de detección de irregularidades al nuevo marco legal que define la defraudación tributaria como un delito precedente al lavado. “Se necesitan un montón de recaudos en temas tributarios que antes no había; algunos bancos ya hacían estos controles pero no había obligación”.

La manera que usan los bancos para detectar irregularidades es una mezcla de software con trabajo manual. Una vez que el programa lanza una alerta, un equipo del banco la analiza y en caso de que se trate verdaderamente de una operación sospechosa se deriva toda la información al Banco Central.

Los mecanismos que se utilizan están sobre todo atados al sentido común: si hay un pago del BPS para un empleado, es difícil que se trate de una operación de lavado. Si en cambio una persona que recibe siempre su sueldo por parte de una empresa empieza a recibir plata en niveles desorbitantes de parte de otra firma, ahí se está ante una sospecha. También tienen en cuenta de dónde proviene el dinero: y hay rubros, como es el caso de los casinos, o países, como es el caso de Panamá, con los que tienen más recaudos.

En lavado se controla en virtud de su magnitud: si se lavan unos pocos miles de dólares a través de tarjetas de crédito, a las entidades se les hace más difícil detectarlo. “No hay un monto mínimo (para hacer un reporte). Es lo que el banco considere inusual según la persona. Igual lo que se percibe y se controla son más los montos grandes: no es muy importante detectar un lavado de US$ 1.000, salvo que sean muchos miles de dólares que se lavan de a uno”, dice Espinosa.

La Justicia uruguaya investiga quién le vendió a Balcedo lo que tenía. El sindicalista compró “El Gran Chaparral” hace ya 11 años. La defensa, según supo El País, utilizará este dato para demostrar que esto no pudo ser pagado con plata del sindicato, ya que el argentino forma parte de este desde hace menos años. En cuanto a los autos comprados por Balcedo, las automotoras no tienen obligación de reportar operaciones sospechosas ni con la vieja ley ni con la nueva.

Frenar de una vez por todas el lavado de dinero es como arreglar un caño que está lleno de agujeros.

Uruguay se prepara para la evaluación de GAFI

La nueva Ley Integral contra el Lavado de Activos es en realidad una puesta a punto de “cosas que estaban establecidas y dispersas”, dice el experto en lavado Manuel Lessa, con algunos cambios fundamentales como que se agrega el delito precedente defraudación tributaria o incluye abogados y contadores como sujetos obligados. Su aprobación tiene más que ver con un compromiso internacional que con un cambio real en la práctica, sostiene. El propio presidente de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, reconoce que ley aprobada el 20 de diciembre fue sacada “lo antes posible” (incluso con errores, como que en una parte haga referencia al código penal procesal viejo, apunta el penalista Andrés Ojeda) porque en 2019 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) va a evaluar a Uruguay en su lucha contra el lavado. De esa evaluación depende no ser colocado en listas negras o grises de paraísos fiscales, cosa que se quiere evitar para acceder a préstamos internacionales y no perder el grado inversor.

En el marco de esa “preparación” también se espera que este año se apruebe una Ley Integral contra el Financiamiento de Terrorismo, que fue presentada en 2016 pero sigue con aprobación pendiente.

Fuente: El País Uy




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