Mujer y Salud alerta sobre abortos clandestinos pese a la vía legal

La ONG Mujer y Salud de Uruguay (MYSU) identificó una persistencia de los abortos clandestinos pese a que cada año más mujeres hacen uso de los servicios legales que se prestan en el país desde la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que despenalizó esta práctica en 2012.

En 2016, un total de 9.719 uruguayas acudieron a los servicios legales para interrumpir su embarazo, mientras que antes de la aprobación de la ley la cifra oscilaba entre 16.000 y 33.000.

Esta brecha entre las estimaciones previas a la ley y las cifras oficiales de abortos legales refleja una persistencia de la práctica clandestina, según indicó MYSU en su último Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva.

Los casos registrados aún “están muy por debajo de lo que se estimaba antes”, manifestó el investigador de MYSU y Licenciado en Ciencia Política Santiago Puyol, quien agregó que “el restante podría corresponder a abortos clandestinos”.

Según datos del Ministerio de Salud Pública, entre el comienzo en 2013 de la aplicación de la Ley de IVE y 2016 se realizaron 34.589 interrupciones legales de embarazo en Uruguay, yendo cada año en aumento el número de mujeres que accedían a este sistema: 7.171 en 2013, 8.513 en 2014, 9.362 en 2015 y 9.719 en 2016.

Sin embargo, MYSU identificó “fugas” en el sistema que podrían “significar que muchas mujeres aún recurren al circuito clandestino para abortar”, según el documento.

Esta situación deviene, explicó Puyol, por una “multiplicidad de factores” como el “temor” por parte de las mujeres “a ser juzgadas, a que su decisión no sea respaldada o a que las intenten desestimular cuando llegan al servicio de salud”.

Además, la investigación constató una falta de conocimiento de la ley o los servicios de aborto, dado que “no son bien promovidos” por “los proveedores de salud y el Ministerio de Salud Pública”.

También, la carencia de proveedores de salud que realicen las intervenciones o su concentración en las capitales de algunos departamentos, implica que las mujeres deban trasladarse a lejanos centros asistenciales, teniendo así “dificultades” en el “acceso”, según el documento.

A su vez, los datos constatan una falta de profesionales, ginecólogos, psicólogos y asistentes sociales que “no siempre están disponibles”, manifestó Pujol.

Por otro lado, la objeción de conciencia en los especialistas, el no compartir ideológicamente la intervención del embarazo y negarse a realizarlo, es una de las razones posibles, según el investigador, para que las mujeres “decidan abortar por fuera del sistema”.

MYSU aspira a difundir la ley de IVE, promover políticas de salud sexual y reproductiva, garantizar los recursos para su implementación, ahondar en capacitación y fortalecer el sistema de registro de los casos de aborto así como desarrollar un mecanismo de recepción de denuncias sobre el servicio.

Estas acciones deberían ser acompañadas, según el documento, por una revisión de la ley, la que tiene “supuestos que no se corresponden con la realidad” dada la desestimación de la práctica por un trámite “engorroso” que genera dificultades para las “mujeres en situación de mayor vulnerabilidad”.

El estudio de MYSU fue realizado en el marco de un “Seguimiento a la implementación de los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto” en 10 departamentos de los 19 del país desde 2013, primer año en el que se aplicó la Ley de IVE, y hasta 2017.

Fuente: Ecos Uy




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