Plantean investigar eventual financiación de Tenfield a las campañas de partidos políticos





El diputado y secretario general del Partido Colorado, Adrián Peña, presentó ante la Comisión Investigadora el planteo de que sea investigada la eventual financiación de la empresa Tenfield a las campañas de los partidos políticos.

Peña, miembro de la comisión, envió el escrito al presidente de la misma, Alejo Umpiérrez, en la que considera “que se deben investigar los vínculos y la participación en la actividad política de la empresa Tenfield S.A., así como de sus accionistas y directores”, según el texto al que accedió El País.

El legislador colorado agrega que “en los últimos años han surgido innumerables situaciones que justifican plenamente promover esta investigación”.

Por ejemplo, Peña cita las declaraciones del exministro de Deportes Héctor Lescano —sobre la salida de Sebastián Bauzá como presidente de la AUF— “atribuyéndolo a responsabilidades de carácter político. Se recuerda que fue determinante en la ‘caída’ de Bauzá, que se encontraba enfrentado a Tenfield, que el Ministerio del Interior retirara la policía de las canchas de fútbol, cosa que rectificó a los pocos días de la renuncia de Bauza”, expresa la misiva de Peña.

Un segundo elemento que, afirma el legislador, sostiene comenzar una investigación es la denuncia del extitular de Nacional, Ricarco Alarcón, de haber sufrido presiones por parte del gobierno de José Mujica para que no se opusiera a la extensión del contrato entre la AUF y Tenfield por los derechos de TV del fútbol uruguayo.

Como tercer punto Peña establece “las estrechas relaciones entre el asesor de Mujica, Gustavo Torena, con Tenfield y en especial con Francisco Casal. Estos vínculos son aceptados y reconocidos por el propio Torena en numerosas entrevistas realizadas”.

El legislador colorado agrega que Torena “se constituyó en un operador político de Tenfield bajo el gobierno de Mujica. Incluso, el rol que jugaba Torena causó diferencias de Lescano con el gobierno, que terminaron en su remoción”.

Por último mencionó la clausura del trámite de la Dirección General Impositiva (DGI) por parte del Poder Ejecutivo “contra la opinión del MEF y de la propia DGI, por la cual se pretendía cobrar 11 millones de dólares adeudados al Estado por impuestos no pagados generados en la transferencia de futbolistas, más las multas correspondientes por defraudación. Fue un caso inédito, donde al decir del propio abogado de Casal ‘no hay antecedentes’ de Presidencia acordando con un contribuyente con lugar (y contra) la DGI”.

Fuente: El País

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