Reducen a tres meses máximo de prisión preventiva para menores





Foto: G. Pérez

La comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes allanó el camino para aprobar el próximo martes los artículos que restan para la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal, previsto para el próximo 1º de noviembre, dijo a El Observador el diputado nacionalista Pablo Abdala. Este miércoles, los diputados analizaron las modificaciones del Código del Niño y el Adolescente necesarias para que el sistema penal de menores pueda acompasarse con el de adultos.

Esta había sido una de las principales razones por las que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, consideraba que era necesario aplazar la puesta en marcha del nuevo CPP, que estaba prevista para julio de este año, porque de lo contrario, los menores tendrían una justicia inquisitiva -como lo es actualmente-, y no acusatoria -como pasará a ser una vez entre en vigencia el nuevo código-. Para Díaz, sin esa modificación, los menores hubieran quedado con una justicia menos garantista que los adultos.

Si bien estaba previsto que este punto fuera votado este miércoles, según Abdala a pedido de representantes del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), y el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente, se resolvió postergarlo para el martes próximo con el fin de realizar modificaciones a lo ya aprobado por la Cámara de Senadores. La principal diferencia estuvo en el plazo máximo previsto para la prisión preventiva.

El texto aprobado por el Senado establece que el juez pueda resolver hasta un año de prisión preventiva antes de fijar la sentencia , lo que para el Inisa es “regresivo” e impacta negativamente en las políticas de reinserción de los menores procesados. Por esa razón, la Cámara de Diputados se apresta a votar una modificación que bajará a tres meses el plazo máximo de prisión preventiva en el caso de los juicios contra menores.

Como consecuencia, el texto volverá al Senado, donde hay consenso de aprobar estar modificación. Además de tratar este punto, el próximo martes se votarán una treintena de modificaciones al nuevo Código del Proceso, que fueron propuestas por la Fiscalía y que necesariamente deben ser aprobadas antes del 1° de noviembre.

Entre ellas, está la creación de un juez de garantía que será quien actuará en las etapas previas al juicio. Este magistrado tendrá la tarea será la de autorizar las medidas que solicite el fiscal en la etapa de investigación preliminar (como la realización de allanamientos o escuchas telefónicas), además de participar de las audiencias previas al juicio.

Tal es el caso de la audiencia de formalización, en la que se informará a un indagado que se inicia un proceso judicial en su contra. A su vez, esa audiencia servirá para que el fiscal solicite la prisión preventiva, si existe riesgo serio, y la audiencia de control de la acusación, en la que el fiscal acusará.
También en esta audiencia se podrán proponer acuerdos con la defensa del acusado, por ejemplo, en un caso de accidente de tránsito la defensa y la fiscalía pueden coincidir sobre qué vehículo conducía el acusado, y de esa manera no es necesario presentar prueba al respecto. El objetivo, es preparar la audiencia del juicio para que dure el menor tiempo posible.

Arranque con paro

El primer día de la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), previsto para el 1º de noviembre, se verá afectado por acciones de trabajadores agremiados a la Asociación de Funcionarios Judiciales. Así lo resolvieron, los trabajadores en una asamblea que se realizó este miércoles.
El secretario general del gremio, Richard Ascurrein, dijo a El Observador que se buscará afectar la puesta en marcha del nuevo código, aunque aseguró que todavía no están definidas las acciones a tomar.

Además, este miércoles la actividad en juzgados de todo el país se vio afectada por un paro que los funcionarios judiciales llevaron adelante mientras se realizaba la asamblea, que empezó a las 13 horas y finalizó pasadas las 18. Los trabajadores reclaman un aumento salarial del 26% retroactivo a 2012, que el Estado está obligado a pagar por una sentencia judicial.

Los funcionarios definieron presentar “en los próximos días” el recurso de inconstitucionalidad contra el polémico artículo 15 de la Rendición de Cuentas. Este artículo habilita al Poder Ejecutivo a no cumplir con los plazos de pago establecidos “por demandas perdidas o laudos arbitrales” si considera que “ello afecta la atención de los servicios a su cargo”. El origen del conflicto está en la ley de Presupuesto de 2010, cuando se incrementaron los sueldos de los ministros de Estados pero no los de la Suprema Corte de Justicia, que están equiparados. Ese incremento llevó a que de forma indirecta también debieran aumentarse todos los salarios del Poder Judicial, que están enganchados.

Fuente: El Observador

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