SCJ ascendió a juez procesado por violencia doméstica





Entre los 90 jueces que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ascendió y trasladó la semana pasada de cara al nuevo proceso penal que entrará a regir este miércoles, figura Fabricio Cidade, quien pasará del juzgado letrado de Paysandú al de San José. Ese juez fue procesado hace un año por violencia doméstica contra su expareja pero la Corte no lo tuvo en cuenta porque no fue notificada.

Según el expediente judicial al que accedió El Observador, el 20 de octubre de 2016 la jueza letrada de Salto de tercer turno, Raquel Gini, concluyó “que se ha verificado hipótesis de violencia doméstica (…) esto es ejercicio de violencia verbal, sicológica y emocional del señor Cidade en perjuicio de” su expareja.

La jueza además le impuso la prohibición de “comunicarse, entrevistarse o relacionarse por cualquier medio o forma con su cónyuge, así como también acercársele, restringiéndole su presencia en el domicilio bajo apercibimiento legal”. La medida fue impuesta por un plazo de 120 días, que el juez cumplió, y finalmente el 21 de febrero la causa fue archivada.

Al iniciar el proceso Gini también ordenó que se comunicara la resolución a la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y de Género y le solicitó a esa dependencia del Ministerio del Interior que realizara el seguimiento del caso y en 30 días le elevara un informe.

Pero la jueza no informó a la Suprema Corte, por lo tanto el antecedente no fue tenido en cuenta a la hora de decretar los ascensos, según dijo el presidente de la corporación, Jorge Chediak. Consultado por El Observador sobre si influyó en la decisión, Chediak dijo que “el juzgado actuante no ofició a la Suprema Corte”.

“Es una decisión que recae en la esfera de independencia de cada magistrado. Es obvio que existe obligación de oficiar cuando un funcionario -de cualquier jerarquía- es procesado por un delito”, agregó. Por ello señaló que pondrá a consideración de los restantes ministros el tema esta semana para analizarlo.

“Víctima del sistema”

Consultado por El Observador el juez Cidade dijo que la denuncia no ameritaba la imposición de medidas cautelares y tampoco informar a la Corte porque no es materia penal. “Me tocó estar del otro lado del mostrador pero como víctima del sistema”, dijo.

El juez explicó que luego de que tuvo “una diferencia verbal” con la pareja de su exesposa en el domicilio donde también viven sus hijos, ella lo denunció y a pesar de que no tenía fundamento la denuncia, fue considerado culpable.

“Fue una exageración no poder acercarme a mis hijos cuando siempre fui un padre presente. Lo único que quiero es estar cerca de ellos”, dijo. Cidade calificó ál proceso en su contra como una “patraña del sistema, del género, de los abogados. No me podía defender a mí mismo. No me dejaban hablar. La palabra de la mujer es la que cuenta, el hombre no tiene garantías”, afirmó en relación a las denuncias de violencia doméstica.

Además dijo que el hecho de que esto salga a la luz un año después le da la pauta de que “hay gente que tiene malas intenciones” hacia su persona.

En el expediente se transcribieron los mensajes amanzantes que según la jueza Gini, constituían “violencia sicológica y emocional”: “vas por mal camino”, “vamos a perder todos si seguimos así…”, “esta no te la perdono”.

Sin embargo, Cidade dijo que eran mensajes viejos y que no estaban relacionados con el episodio que motivó la renuncia.

Agregó que la denuncia “fue inducida”. “La Policía lo aceptó y la jueza lo asumió. Cuando se trata de un colega no hay corporativismo, hay una visión más dimensionada e implacable. Se cometen errores y esto es un ejemplo. Me aplicaron medidas que no ameritaban porque no había riesgo alguno”, señaló.

Al resolver, la jueza Gini dijo que “el denunciado admite que la denunciante es una persona vulnerable y aún así a sabiendas de ello persiste en el envío de mensajes que afectan emocionalmente a la denunciante”.

“En este ámbito de actuación, la violencia que se configura espropia de un acto intencional de poder, ejercido en este caso por acción del denunciado y con el objetivo de imponer su voluntad y controlar la de la otra parte, transgrediendo de esta forma sus derechos y afectando emocionalmentea la denunciante”, dijo Gini.

Antecedente con destitución

La última destitución que decretó la Suprema Corte, el 4 de abril de 2016, fue por un caso en que el magistrado había sido denunciado por su expareja por presuntas situaciones de acoso en las que abusó de su condición de juez.

Luego de iniciar una investigación administrativa y separarlo del cargo, la Corte destituyó al entonces juez penal de Paysandú, Gerardo Azarola.
La SCJ concluyó que “no reguló las alternativas de su vida privada en el marco de las pautas éticas, incurriendo en una conducta moralmente irregular, afectando su decoro como juez y comprometiendo la imagen del Poder Judicial”.

Basados en la ley Orgánica de la Judicatura y de la Organización de los Tribunales, la Corte dijo que “los jueces son responsables ante la ley de toda agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca”. También señalaron que “los funcionarios públicos observarán los principios de respeto, imparcialidad, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder (…)”.

Fuente: El Observador

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