Trabajador denunció haber sido golpeado y amenazado de muerte por su empleador

Un hombre de 40 años, residente en la zona de Gallinal, denunció ante la Fiscalía haber sido agredido físicamente y amenazado de muerte por su empleador cuando le reclamó por sus haberes impagos.

En tal sentido, el abogado del denunciante Jorge Daniel González indicó a EL TELEGRAFO que el agresor tiene antecedentes penales y se aguarda el curso de las investigaciones. En primera instancia, la defensa del trabajador, a cargo del doctor Walter Duarte, presentó la denuncia penal pero están realizando los informes necesarios para reclamar el pago.

Duarte dio cuenta que la agresión fue el 24 de diciembre, cuando González “fue a reclamar a su empleador por haberes impagos desde abril de 2017”. “El empleador, que es un contratista forestal, lo insultó y lo tomó a golpes de puño que le generaron lesiones de cierta importancia, que no fueron más graves por la presencia de terceros que intervinieron”.

“En ese contexto, la Policía llevó al herido a atenderse a la policlínica de Quebracho y el médico certificó las lesiones. Posteriormente, el 27 de diciembre, hicimos la presentación formal ante la Fiscalía, donde nos enteramos que ya la Policía había elevado los antecedentes y hoy (por ayer) formalmente estamos a la espera que se le asigne un fiscal para continuar con las actuaciones”, dijo.

El abogado expresó que esta situación se da en un contexto de trabajo en condiciones muy precarias, “sin regularizaciones ante la seguridad social, ni en materia de documentación laboral ni seguridad de trabajo”. Y que el lugar de trabajo efectivo “era en un establecimiento en el kilómetro 68 de la ruta 26 y a su vez la producción iba para una empresa que se dedica a forestación. En el aspecto estrictamente penal el responsable, de probarse los hechos, será exclusivamente el empleador. No obstante, en los aspectos laborales puede transmitirse esa responsabilidad a los que se beneficiaron del trabajo de este motosierrista”, argumentó.

LA DENUNCIA ELEVADA
El escrito presentado ante la Fiscalía, al que tuvo acceso EL TELEGRAFO, indica que el denunciante trabajó para el agresor desde diciembre de 2016 hasta abril de 2017 en tareas de monte forestal. “Al no abonarme lo convenido debí reclamarle en varias oportunidades. A la hora 19 (del 24 de diciembre) concurrí cerca del almacén de su propiedad, lo llamé y le señalé que necesitaba el dinero. Inmediatamente me insultó con los más diversos agravios y me señaló que si lo denunciaba me iba a ‘cagar a balazos’. En definitiva me amenazó de muerte. Nunca lo agredí de forma alguna, ni verbal ni físicamente”, relata la víctima.

“Luego pasó a atacarme físicamente, agrediéndome a golpes de puño de forma muy violenta. Me golpeó fuerte en la cara, me desplomé y en el piso golpeé la cabeza en una piedra, no pudiendo incorporarme más ni defenderme. Me produjo un hematoma importante en el ojo derecho y un corte en el cuero cabelludo, así como raspaduras en el brazo izquierdo. Recibí golpes en casi todo el cuerpo y quedé muy dolorido. Cuando estaba en el suelo me quiso pegar con una piedra pero llegaron otras personas y lo sujetaron, de lo contrario podría haberme provocado heridas gravísimas o hasta la muerte”. Una vez que los vecinos lograron controlar al agresor, “fui auxiliado por la Policía de Gallinal que me llevó hasta la policlínica de Comepa en Quebracho, donde ya me estaba esperando un médico, que constató las lesiones. Fue el único médico que hasta ahora me vio. Las heridas aún son visibles”, indica.

SOLUCIONES EN FORMA VIOLENTA
Duarte, en tanto, indicó que una vez puesto en conocimiento de la situación, se contactaron con el edil Robert Siré “que integra la comisión de asuntos laborales de la Junta” y también con representantes de trabajadores organizados “que están tomando conocimiento de los hechos”.

“Las primeras muestras han sido de solidaridad y de apoyo pero todo esto va a requerir un procedimiento que seguramente va a agilizarse cuando el trabajador pueda tener reuniones directas con los dirigentes”, agregó.

Sobre el hecho de que sería el primero en Paysandú, al menos conocido de manera pública en los últimos años, el abogado especificó que hay “cuatro casos recientes en Salto y ahora esta situación acá”.

“Uno se pregunta si son hechos que siempre acontecieron y no se hacían públicos o si por un motivo –más o menos inexplicable– nuestra sociedad se ha vuelto tan violenta que nuestras diferencias en el campo laboral se dirimen en forma violenta”, dijo.

Fuente: El Telégrafo




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