Una de cada tres aborta por motivos económicos





Cada vez son más las mujeres de entre 13 y 48 años que deciden someterse al proceso de interrupción voluntaria del embarazo en algún centro de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

En el Hospital de la Mujer del Pereira Rossell; el 30,2% de las mujeres que deciden hacerlo, argumenta que se debe a “razones económicas”. No obstante, la mayoría (35,6%) considera que su decisión se debe al “proyecto de vida” planteado.

Según datos sobre interrupción voluntaria del embarazo a los que accedió El País, los otros motivos por los que las mujeres deciden someterse a un aborto es por tener “suficientes hijos” (6,4%); por “no tener pareja” (3,3%); y debido a la propia “salud de la mujer” (2,3%). El 5,4% de las mujeres informó que tiene otros motivos, al tiempo que un 16,5% no otorgó ningún tipo de información.

La directora del Hospital de la Mujer, Mara Castro, indicó a El País que “la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo en el hospital cumplió con la ley en todos sus términos”.

Desde 2013, las mujeres pueden interrumpir su embarazo en centros de salud del SNIS. El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó en agosto un informe anual sobre política pública de salud sexual y reproductiva, en el que confirmó que desde la aprobación de la ley, si bien se registró un crecimiento de las interrupciones, se desaceleró el aumento de casos. Según los datos, en 2016 se realizaron 9.719 interrupciones de embarazos, un 3,8% más que en 2015 (9.362).

Castro dijo que el Hospital de la Mujer, el único centro del Pereira en el que se realizan las intervenciones “estamos preparados para acompañar a la usuaria en su proyecto de vida en todas las etapas en lo que refiere a la salud”.

Exigencias.

La ley permite la interrupción del embarazo dentro de las 12 semanas de gestación “por voluntad de la mujer”. Para hacerlo, se establece ser mayor de edad (18 años), ser ciudadana natural, legal o extranjera con residencia mayor a un año (situaciones particulares: menor de 18 años, y con acreditación judicial de incapacidad). Por otro lado, permite el aborto para aquellas mujeres que atraviesan las 14 semanas de gestación; “ante presentación de denuncia judicial de violación”.

La normativa indica que en caso de que “la continuidad del embarazo constituya, a criterio médico, un grave riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada”; se podrá habilitar la intervención a cualquier edad gestacional. Por último, también se habilitará la interrupción del embarazo a cualquier edad “cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por la Comisión Asesora del MSP)”.

Los métodos para la interrupción pueden ser médico o quirúrgico; el primero es mediante la utilización de productos farmacológicos para finalizar el embarazo; el segundo, prevé utilizar procedimientos transcervicales para finalizar un embarazo, incluyendo la aspiración al vacío, el legrado aspirativo en block quirúrgico y la dilatación y curetaje.

La ley también estipula un estricto y riguroso procedimiento de asesoramiento a la mujer; a través de consultas con equipos multidisciplinarios integrados por médicos y psicólogos, entre otros. También se le informa de las posibles consecuencias sobre los medicamentos, sus efectos, su vía y dosis de administración.

PEREIRA ROSSELL
Hubo 1.676 intervenciones en 2016

El Hospital de la Mujer del Pereira Rossell atendió el año pasado a 1.676 pacientes mujeres que interrumpieron sus embarazos; una cifra mayor a la de 2015 (1.613). Según los datos brindados a El País por el centro de salud, en 2016 se realizaron abortos a 340 personas comprendidas en un rango de edades de entre 13 y 19 años y a 1.336 mujeres de entre 20 a 48 años. El promedio de edad de todas las pacientes atendidas es de 25 años, según se informó.

Objeción

La directora del centro de salud, Mara Castro, informó que en el Hospital de la Mujer existen médicos objetores de conciencia y otros que no lo son. La ley establece que la objeción de conciencia podrá “manifestarse o revocarse en forma expresa, en cualquier momento, bastando para ello la comunicación a las autoridades de la institución en la que se desempeña”. En este sentido, la normativa indica que “se entenderá que la misma ha sido tácitamente revocada si el profesional participa en los procedimientos referidos”.

Al ser consultada por cuántos médicos rechazan realizar algún tipo de intervención a mujeres que pretenden abortar, Castro indicó que “lo más importante es que la cobertura de salud está garantizada”. Agregó que “con los médicos no objetores que hay disponibles se logra abarcar a todas las mujeres” que pretenden interrumpir su embarazo.

Fuente: El País

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