Vivienda sindical: denuncian alteraciones de un acta judicial




Foto: El País

Una denuncia penal presentará en el día de hoy la abogada de una empresaria de Rocha por considerar que, en el expediente que investiga posibles ilícitos en el marco del Plan de Vivienda Sindical, se alteró en tres oportunidades la declaración de un acusado en beneficio del expresidente de ese programa, el sindicalista Eduardo Burgos.

Una copia de la denuncia, a la que accedió El País, señala que existieron “modificaciones” al transcribir el original de las declaraciones de Roberto Charlo —hoy fallecido— efectuadas el 5 de mayo de 2016.

Charlo declaró cuando se encontraba en su lecho de muerte ante la jueza de 8° Turno, Graciela Eustachio, el fiscal Carlos Reyes, la abogada denunciante y la empresaria de Rocha, quien denunció haber sido estafada en negocios para construir miles de viviendas para afiliados al Pit-Cnt.

La declaración de Charlo fue tomada en forma manuscrita por una funcionaria judicial y se encuentra en la foja “256 vuelta” del expediente penal.

Sigue la transcripción manuscrita de la declaración:

Fiscalía: ¿Milton Díaz integraba la sociedad comercial?

Charlo: Sí. Pero luego se salió. Cuando vino este problemón, se salió. Éramos Milton Díaz, yo y Burgos integraba la sociedad. Volpe y Nogués no la integraban. Burgos la integró hasta que firmamos los acuerdos grandes en el exterior.

Sin embargo, en la transcripción posterior, la declaración de Charlo fue alterada, según consta a fojas 264.

Fiscalía: “¿(Milton) Díaz integraba la sociedad con usted?

Charlo: Sí. Pero luego se salió. Cuando vino este problemón no la integraba. La Soc. (sociedad), Volpe y Nogués no la integraban. Burgos la integró hasta que firmamos los acuerdos grandes en el exterior”.

En su denuncia, la abogada de la empresaria de Rocha advierte a la jueza Eustachio que la frase “éramos Milton Díaz, yo y Burgos integraba la sociedad” fue “eliminada” al transcribir “alterando la respuesta”, “vulnerando su fidelidad” y “eliminando una información fundamental sobre Eduardo Burgos que lo sitúa en una posición determinante en la ejecución de los actos objeto de esta denuncia”.

La denuncia insiste en que, al transcribir el acta de declaración de Roberto Charlo, “se modificaron partes sustanciales, eliminando parte de las respuesta que el indagado responde a la Fiscalía, a pesar de que la misma consta en el original manuscrito por la funcionaria presente en dicha diligencia (interrogatorio), las que coinciden además con el registro que esta letrada (abogada de la empresaria denunciante) recogió en la ocasión para facilitar su trabajo”.

Las sociedades anónimas creadas por Charlo, Díaz y Burgos —según el testimonio del acusado fallecido— contrataban a empresas constructoras para edificar viviendas para trabajadores a cambio de “una donación” de US$ 300.000.

Según la denuncia, la “modificación” que sufrió el acta sobre los dichos de Charlo al ser transcrita por un funcionario del Juzgado Penal de 8° Turno, “elimina partes sustanciales” y en otras ocasiones “agrega o cambia palabras”, lo que se traduce “en una modificación que induce a error a la Justicia”.

La denunciante advierte que una declaración de un acusado es un documento público que debe asegurar la fidelidad en lo que allí se expresa y al “modificarlo” se está llevando a una convicción equivocada al juez y al fiscal del caso. “(Se) intenta disfrazar la responsabilidad en los hechos denunciados del señor Eduardo Burgos, puesto que todas las omisiones y errores apuntan a su persona”, dice la denuncia.

Burgos, dirigente del gremio de metalúrgicos, era el principal responsable del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt. El programa agrupaba a 320 cooperativas que representaban unas 15.000 familias. El negocio global superaba los US$ 500 millones.

“Modificación del acta es un ilícito”.
La denuncia de una empresaria de Rocha señala que existieron otras adulteraciones del expediente penal de Vivienda Sindical

Jueza Graciela Eustachio: De las 1.000 viviendas que se acordaron realizar, ¿se hizo alguna?

Charlo: No.

La denuncia expresa que en la transcripción de dicha declaración “se eliminó” la cantidad de viviendas (1.000) y dice escuetamente:

Eustachio: De las 1a. Viviendas que se acordaron realizar, se hizo alguna?.

Charlo: No.

La denuncia expresa que también fue suprimida del acta una pregunta y una respuesta de Charlo.

Jueza Eustachio: ¿La empresa Vivamax (contrataba a constructoras para que edificaran viviendas para el plan del Pit-Cnt) se encargaría de la construcción?

Charlo: No. Se la daría a otra empresa que se dedicaba a la construcción.

En su denuncia, la abogada de la empresaria de Rocha señaló: “En la transcripción a fojas 268, esta pregunta y su respuesta fue eliminada”. La profesional sostiene: “La modificación del acta constituye un hecho ilícito imposible de pasar inadvertido en estas actuaciones. La alteración del acta en la transcripción impresa constituiría un fraude procesal. Se pide a la sede que disponga la investigación que corresponde y que a la vez comunique estos hechos a la autoridad superior”.

Fuente: El País

Cafago.com INT

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