La censura en la democracia uruguaya del siglo XXI – HOY CANELONES

El pasado mes de junio, el diputado por el Partido Nacional, Pablo Abdala, llevó adelante un proceso de amparo porque sostiene que la cartelería desplegada por distintos gremios estudiantiles de Montevideo, viola el principio de laicidad que sostiene que se encuentra reconocido por la Constitución de la República en sus artículos 5, 58, 68 y 72, así como el artículo 17 de la Ley General de Educación 18.437.

De acuerdo a la sentencia correspondiente al proceso de amparo iniciado por el diputado, el tribunal se pronunció favorablemente por el recurso interpuesto y condenó a ANEP a quitar los carteles de sus fachadas e impedir que se vuelvan a colocar en el futuro. Fallo que debió ser el producto, según la Ley 16.011 que regula el procedimiento de amparo, de la evaluación de la ilegítima y manifiesta transgresión de un derecho constitucional que en este caso sería la laicidad y la inexistencia de otros recursos o mecanismos procesales para sustanciar el problema. Por lo tanto, primero debemos conocer el significado de la laicidad, si la Constitución efectivamente la reconoce como un derecho, si se violó ilegítima y manifiestamente, y por último, la ausencia de otras herramientas que posibilitaran al diputado defenderse del agravio que dice ser víctima.

Para el diputado y el sector de su partido que salió a respaldarlo, la laicidad consistiría en la inexistencia de una opinión contradictoria a la solución represiva de la reforma es una acción proselitista, pues la confunden con la campaña ‘Vivir sin miedo’, acusando una actitud proselitista que pone en cuestión las pretensiones y las posibilidades de que triunfe en el plebiscito y de paso junto a la papeleta se meta en el sobre una listita del partido. Para el tribunal, la laicidad es lo mismo que para una senadora que afirmó alguna vez en el Parlamento que la laicidad excluye la religión y el proselitismo a favor de un partido político y en desmedro de otros. Para José Pedro Varela, la laicidad no rechazaba totalmente la enseñanza de la religión cristiana en las escuelas públicas, siempre y cuando se enseñara antes o después del horario de clases, así como tampoco excluía lo político sino lo político–partidario. Sin embargo, el concepto actual y vigente de laicidad lo establece el artículo 17 de la Ley Basic de Educación, que debe ser interpretado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 120 de la misma Ley, esto es: desde el respeto a los educandos y sobre todo, de los derechos humanos.

Entonces veamos lo que dice el artículo 17 de la Ley General de Educación acerca de lo que consiste la laicidad que: “asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias” contenido que debe interpretarse desde la perspectiva de los derechos humanos. Siendo así, la laicidad implica velar por la reflexión crítica y plural en un ámbito democrático.

Ahora que conocemos la definición lawful de la laicidad y sus implicancias, debemos pasar a indagar si ésta, además de una característica lawful de la educación pública, es un derecho constitucional. El artículo 5 de la Constitución establece la separación entre el Estado y la Iglesia además de establecer la libertad de culto el artículo 58 prohíbe a los funcionarios públicos, no a los estudiantes que no son funcionarios, utilizar las instalaciones estatales para fines proselitistas, mientras que el artículo 68 establece la libertad de enseñanza. Por último, en cuanto al artículo 72, es una especie de embudo donde cualquier características que sea atribuible mediante una correcta argumentación a la forma republicana de gobierno, cabe pero reiteramos que requiere una argumentación jurídica por lo menos coherente o no contradictoria. Lamentablemente no podemos decir que la sentencia lo argumenta.

Hemos dado otro paso y podríamos dejarla por acá, ya que tenemos claro qué es la laicidad, que no se trata de derecho constitucional puesto que los artículos citados de lo menos que hablan es de laicidad y cuando se refieren al proselitismo lo hace dirigiéndose a los funcionarios públicos es decir, si el amparo es un proceso que procede cuando se viola un derecho constitucional y como vimos, la Constitución no reconoce a la laicidad como tal, ya no quedaría mucho por decir, pero somos buenos y vamos a hacer un esfuerzo que se llama interpretación caritativa y vamos a hacernos los que le llevamos al tribunal y al diputado el apunte. Consecuentemente, si la laicidad fuera un derecho constitucional su transgresión debería ser ilegítima o con abuso de derecho y manifiesta o, lo que es lo mismo: que para nadie que tenga dos dedos de frente pueda dudar de que se trata de una violación recontra evidente.

En otras palabras, debemos pensar ¿qué derecho constitucional violaron sin derecho y temerariamente los estudiantes que decidieron libre y consensuadamente colocar esos carteles en las fachadas de los liceos? Para quienes escribimos esta nota, además de que no existe un derecho humano ni constitucional de laicidad, nos cuesta muchísimo encontrar cuán violatorio puede ser el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión de los jóvenes que no están haciendo campaña como sí lo está haciendo el diputado. En realidad, para ser francos, pensamos que los estudiantes están discutiendo la reforma porque tienen algunos argumentos mientras que el diputado está haciendo campaña porque no tiene fundamentos para defender la reforma, más cuando se trata de ganar votos, cosa que puede apreciarse manifiestamente en ultra excesivo y falaz del diputado que nos quiere hacer creer que todos los que firmaron para que en octubre la ciudadanía decida directamente si se hace la reforma o no, son del Partido Nacional, y está claro que no es así.

Por último, tenemos que disipar las dudas acerca de si el diputado no tenía otros medios para poder encausar el supuesto agravio a la laicidad. Según la Constitución en su artículo 30, los ciudadanos pueden realizarle al Estado las peticiones que estime pertinentes. Si éstas no son respondidas dentro de los 120 días siguientes se tendrán por rechazadas, habilitando la posibilidad de interponer recursos administrativos que también tienen plazos extensos de 150 días para el primer o el único recurso y 50 para los recursos que deban interponerse subsidiariamente dependiendo del caso. Pasado el o los plazos, el Estado puede pronunciarse o no y con ello se agotará la vía administrativa y el agraviado por la resolución estatal podrá recurrir ante un órgano de justicia que se dedica exclusivamente a estos asuntos, a saber: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, tampoco se cumple con el requisito de que para recurrir al amparo no deben existir otros medios que posibiliten solucionar el problema, pues en este asunto el diputado disponía de tres mecanismos para hacerlo pero al parecer los plazos no servían porque son muy largos y exceden el período electoral, por eso como buen criollo, el diputado, se mandó esa avivada que al final le resultó.

En síntesis: la sentencia que dispuso bajar la cartelería de los liceos y prohibió que se vuelvan a subir no tiene fundamento legal, ya sea desde el punto de vista formal por no cumplir con los requisitos necesarios para la interposición de un recurso de amparo, o ya sea desde el punto de vista del contenido porque la laicidad es una característica lawful de la educación pública y no un derecho constitucional que se deriva de la forma republicana de gobierno, que a lo largo de la historia nos ha enseñado que la fe no es indispensable para la repartición tripartita de poderes y respetar los derechos los ciudadanos porque si hay algo que manifiestamente no deriva de la forma republicana de gobierno es la censura que están practicando en plena democracia queriendo disfrazarla como una medida constitucional y democrática, pues se está limitando la libertad de los adolescentes que se organizaron y consensuaron expresarse como lo hicieron, ya que de esos se trata la libertad de expresión: decir lo que quieras y como quieras sin atacar los derechos de nadie, no siendo suficiente el malestar de un diputado sin fundamentos y con muchas ansias de poder.

Matías Calero

Ramiro Castro

Nota: Este texto es una versión resumida de un artículo de mayor extensión, que aparece en el número de junio de la revista digital CONTRAARGUMENTO.

 



Facebook Comments