«Que me dé una mano la Rodenas…», la frase que retumba en Rosario y compromete a una vicegobernadora electa

Esposado, con chaleco antibalas y remera negra, barba prolija y gesto serio, Esteban Lindor Alvarado, acusado de liderar una asociación ilícita, se fue corriendo de silla en silla hasta sentarse junto a quien period hasta el jueves pasado su abogado defensor y que ahora también se presentaba en la sala de audiencias esposado, con chaleco antibalas y barba prolija.

A la derecha y a la izquierda de quienes muchos sindican como un pesado del mundo narco area, se ubicaron policías también detenidos y acusados de integrar la organización delictiva en Rosario. Sólo uno salió en libertad tras acordar una caución de 3 millones de pesos.

El viernes se inició un largo trámite judicial para imputar distintos delitos a cuatro jefes de las fuerzas provinciales y a un abogado, y ampliar los cargos contra otros cuatro miembros de la banda, uno de ellos también policía. En la primera jornada, que continúo este sábado, se mencionaron maniobras fraudulentas con propiedades, terrenos y hasta caballos de carrera pura sangre compartidos entre delincuentes y uniformados.

Se escucharon audios vinculados con una antigua causa por el robo y desguace de automóviles, episodios por los que Alvarado ya había sido condenado y que permiten situar el comienzo de las operaciones del grupo en junio de 2012.

 Una de las escuchas que mayor repercusión tuvo fue aquella en la que el supuesto narco se refiere a la vicegobernadora electa y exjueza penal Alejandra Rodenas, sobre quien reclama: «Que me dé una mano la Rodenas…».

De izquierda a derecha, de espaldas y con chalecos antibalas, Benegas, Quevertoque, Makhat y Spoletti.

De izquierda a derecha, de espaldas y con chalecos antibalas, Benegas, Quevertoque, Makhat y Spoletti.

La nueva audiencia imputativa se produjo luego de resonantes allanamientos ocurridos el jueves: cuatro policías, un abogado y la mano derecha de Alvarado fueron detenidos. Al ladrón de autos ya condenado por la Justicia bonaerense como parte de la banda de «Los Rosarinos» se lo señala como el líder de otra organización encargada de cometer robos, amenazas, atentar contra objetivos judiciales y asesinar al prestamista Lucio Maldonado, entre otros delitos. Incluso lo acusaron de privar de la libertad a personas de su organización para que no generen problemas a otros miembros del grupo.

Para estos movimientos era clave la protección policial. “Un permiso estatal contrario a la ley”, de acuerdo a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Los agentes se encargaban de brindar impunidad aportando información reservada, desviando investigaciones y evitando operativos contra el grupo.

A los cuatro policías detenidos el jueves los señalaron por integrar o participar en la asociación ilícita. A Cristian Di Franco, subjefe de la comisaría de Caracarañá, se le achacó ingresar al sistema de secuestro y registro nacional de la propiedad automotor para suministrar a Alvarado información de algunos patentes para facilitar la venta de autos adquiridos ilegalmente. Di Franco intercedió además ante un par suyo para lograr que liberen a un miembro de la banda. Le dijo que era “visitador médico y amigo de la infancia”. También aportó datos sobre operativos.

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Otro imputado fue Luis Quevertoque, ex miembro de la División Judiciales que sugestivamente recolectó información clave en la causa contra Los Monos, una banda con la que aparentemente Alvarado disputaba el negocio narco. Al uniformado lo señalaron como nexo entre las fuerzas de seguridad y el líder del grupo. También por compartir con miembros de la asociación ilícita la propiedad de caballos de carrera que actualmente siguen participando de diversas competencias. “Casacarudo”, de la caballeriza LQ, es uno de los identificados en la investigación.

Al comisario Javier Makhat se le imputa participar en maniobras de lavado de activos de la banda. Prestaba su nombre y el de su mujer para distintas operaciones inmobiliarias. Las maniobras cuestionadas involucran un departamento en un condominio de categoría, dos cocheras y una baulera.

En el caso de Gustavo Spoletti, el único policía que recuperó la libertad, se lo ubica como partícipe de una maniobra ilícita para justificar ingresos que le permitieran edificar una casa. Esa acción tuvo la participación de Jorge Benegas, una pieza clave del grupo a la que el viernes se le amplió la imputación de hechos. Si bien ya estaba imputado en la causa, se lo detuvo nuevamente el día anterior para reacusarlo y establecer ahora su rol como organizador de la asociación ilícita. “Era la persona de confianza”, plantearon los investigadores sobre cómo impartía las órdenes de Alvarado. Desde ese lugar de privilegio mantenía contacto con policías, prestaba su nombre para distintas maniobras económicas y disponía acciones violentas.

Claudio Tavella, abogado de Alvarado, debía defenderlo en un juicio que se suspendió porque quedó detenido acusado de integrar la organización que lideraba su defendido. (Juan José GARCÍA)

Claudio Tavella, abogado de Alvarado, debía defenderlo en un juicio que se suspendió porque quedó detenido acusado de integrar la organización que lideraba su defendido. (Juan José GARCÍA)

El imputado más resonante es el abogado de Alvarado, Claudio Tavella. La Fiscalía lo acusó de “usufructuar ilegalmente el título y cargo” para acceder a información, manipular bienes y recursos, “excediendo el ejercicio de la defensa técnica” y “oficiando como soporte estable” de la estructura felony. Entre otras maniobras se lo acusó de utilizar bienes ilícitos, fraguar documentación para ingresar un herido en el healthcare facility con identidad falsa e intentar sobornar a policías de San Isidro cuando Alvarado cayó el 3 de agosto de 2012 por el robo de automóviles.

Para avanzar en las nuevas detenciones y ampliar las nuevas imputaciones fue clave utilizar las grabaciones de 150 discos compactos utilizados en la causa que se desarrolló en San Isidro contra Alvarado. Aquella investigación se resolvió a través de un procedimiento abreviado que le permitió al presunto narcotraficante salir en libertad condicional en 2016.

“Advertimos que teníamos por delante una estructura legal mucho más robusta que al momento de salir a buscar a Alvarado. El nivel de complejidad de esta organización era mucho más importante”, explicaron los fiscales durante la audiencia. Al líder del grupo lo cercaron a partir de que dispusiera matar a Maldonado, quien aparentemente falló en algunos negocios ordenados por la organización.

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En las escuchas de esos CD se trasluce que «El Esteban» no period un simple reducidor de automóviles. El negocio narco estaba presente y esa pista se continuó en diferentes investigaciones que nunca tuvieron correlato en algún proceso judicial en los tribunales federales. El primer juicio contra él, por el transporte de 500 kilos de marihuana, iba a iniciarse la semana pasada en Rosario. Las detenciones y operativos de policías, el abogado y su mano derecha impidieron comenzar con ese trámite. La medida cautelar para mantener preso al defensor de Alvarado será revisada el 10 de diciembre como excepción al resto de las que dictó la jueza María Melania Carrara.

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