Yo fui jurado: ¿sentido común y veredicto justo? – 11/06/2019

Un empleado en una empresa de seguros en Mendoza, una chica que sueña con estudiar Derecho, un vidriero del conurbano bonaerense, una profesora de Educación Física en Neuquén y un director técnico de Córdoba Capital.

Todos conectados por 2.140 kilómetros de rutas argentinas y un paréntesis en la rutina: los cinco fueron jurados populares y cuentan, en primera persona, cómo es dejar la cotidianidad para decidir la suerte de un homicida.

¿Qué pasa por la cabeza de un ciudadano que es elegido como jurado popular? ¿Cómo cambia la rutina de una persona que se convierte en juez circunstancial sin capacitación previa?

En el país ya son cuatro las provincias que implementaron el sistema de juicios por jurados: Córdoba, Neuquén, Buenos Aires y Mendoza.

Otras tres ya tienen leyes aprobadas y se preparan para transitar sus primeras experiencias: Chaco, Río Negro y San Juan. Entre Ríos, además, está a un paso de presentar un proyecto de ley para incorporarlo a su sistema judicial.

Se trata de un mecanismo atravesado por resoluciones polémicas que dispara tantos interrogantes como cuestionamientos. ¿Es suficiente el sentido común para alcanzar un veredicto justo?

Cinco historias de jurados y un debate que recién empieza.

Mendoza

Omar Abdala caminó todos los días las 20 cuadras que separan su casa de los Tribunales de Mendoza. Era lo único parecido a la rutina. Mientras lo hacía, repasaba testimonios, pruebas o pericias. Fueron cinco días de pensar en algo que tal vez nunca hubiera imaginado.

Omar integró el primer jurado popular de su provincia. El que condenó a Sebastián Petean Pocovi (34) por la «tentativa de femicidio agravado por el vínculo» -el ataque a su ex pareja- y el «homicidio criminis causa» de Jorge Cussi (32) y Daniel Ríos (40) -los dos policías que lo perseguían-.

Cuando le llegó el telegrama ya lo sabía, había leído los diarios o lo escuchó en la radio. No recuerda cómo, pero tenía claro que los números de su DNI habían salido sorteados. En cualquier momento podría convertirse en jurado.

«Tenía expectativas, me gustan este tipo de participaciones, incluso apoyé la ley cuando salió. El problema fue que me notificaron una semana después de haber cambiado de trabajo, era inoportuno. Tenía miedo. Eso hizo que se me mezclara alegría con desazón, pero por suerte mis jefes lo entendieron. El día que me reincorporé me tuvieron una hora preguntándome cosas, todos muy interesados, querían saber todo», recordó el hombre, de 48 años, que trabaja en una empresa de seguros.

Llegar a la sala, ver al acusado, tratar de entender por qué, fue la combinación de sensaciones que atravesó a este hombre que hace 13 años vive en Mendoza: «Sentí una mezcla de cosas. Antes de meterme de lleno en el caso, sentí tristeza porque el acusado era un muchacho joven. También incredulidad: no entendía por qué. A medida que transcurrieron las audiencias, esa sensación se profundizó ¿Cómo se terminó con la muerte de dos muchachos? ¿Por qué una persona joven va a pasar el resto de su vida preso? Aún terminado el proceso sigo sin entender los motivos». 

Mendoza. Omar Abdala, integrante del jurado popular en el juicio a Sebastián Petean Pocovi, condenado a perpetua por intento de femicidio y asesinato dos policías. Foto Delfo Rodríguez.

Mendoza. Omar Abdala, integrante del jurado popular en el juicio a Sebastián Petean Pocovi, condenado a perpetua por intento de femicidio y asesinato dos policías. Foto Delfo Rodríguez.

Las preguntas se repetían. También en casa, después de presenciar largas horas de debate, o pasado el veredicto: todos querían saber. «¿Es como en las películas? Eso es lo primero que la gente quiere saber. Lo segundo es si personas comunes son idóneas para tomar una decisión como ésta. Yo digo que sí, porque es lo que pienso. Lo contrario sería subestimar a la gente. Si bien es cierto que los medios de comunicación son formadores de opinión, que muchas veces hay ideas que están muy instaladas y que en el jurado no hay abogados, éramos 12 personas, en paridad de género, de tres generaciones diferentes y todos coincidíamos en las mismas cuestiones. Estaba representado el pueblo, había de todo. Y sorprendía la argumentación de cada uno, con mucha claridad y mucha responsabilidad, aún entre los más jóvenes».

Malena Hernández tiene 21 años. Fue compañera de Omar en el primer juicio por jurados de su provincia. Durante la semana de audiencias, cuando no recordaban su nombre, la llamaban «Potrerillos». El apodo es por la localidad donde vive con su novio, a 65 kilómetros de la ciudad. Fue una de las más jóvenes entre los seleccionados y para ella ser jurado fue una «experiencia inolvidable».

«Hice el pre-universitario para estudiar Derecho, pero por cuestiones de distancia con la facultad y falta de dinero, no pude entrar. Estaba re contenta al ser elegida. Me encanta mirar a las personas, mi deseo es poder volver a estudiar algo vinculado a lo legal», contó Malena a Clarín desde su casa, poco antes de la primera nevada de la temporada. 

Para ella la clave fueron las pruebas: «Miraba las evidencias que presentaban, escuchaba a los peritos y lo miraba al acusado. Uno se da cuenta de todo. Cuando usan palabras técnicas para confundirte, cuando te quieren engañar con algo, cómo buscan convencerte. Se ve todo muy claro. Intenté ponerme en el lugar de las familias, en el de los fallecidos. La experiencia te obliga a hacerlo, aunque sea por un momento, pero después volvés al rol de jurado y lo ves objetivamente. Ahí te das cuenta qué es cierto, qué está bien o mal, quién te quiere confundir. Las pruebas se hacen evidentes», analizó sobre su experiencia.

Mendoza. Villa de Potrerillos, Luján de Cuyo. Malena Hernández, miembro jurado en juicio a Sebastián Petean Pocoví condenado a perpetua. Foto Delfo Rodríguez

Mendoza. Villa de Potrerillos, Luján de Cuyo. Malena Hernández, miembro jurado en juicio a Sebastián Petean Pocoví condenado a perpetua. Foto Delfo Rodríguez

El veredicto de este jurado fue «culpable» y su decisión derivó en la pena de prisión perpetua para Petean Pocovi. 

Neuquén

El caso se conoció como «El crimen de Toma Norte», por el barrio donde ocurrió, pero recién trascendió cuando se supo que sería uno de los primeros juicios por jurados de Neuquén.

El sistema era nuevo para agosto de 2016 y en la provincia del sur del país todavía no se sabía demasiado. Por lo menos Olivia Crison no se había enterado.

«Me llegó el telegrama y no sabía nada, porque era nuevo en la provincia. Primero recibí la notificación y fui a la audiencia de selección. Ahí nos eligieron y supe que era un juicio por un homicidio. La primera recomendación fue que lo mejor era esperar a tener toda la información, no hacernos ideas al principio», recordó la joven profesora de Educación Física, que ahora tiene 31 años.

Y sostuvo: «No era un caso tan mediático, yo no tenía ni idea. No busqué nada tampoco, me dije ‘voy a ir así a ver qué onda‘. Estaba ansiosa pero bien, tenía ganas de hacerlo. Estábamos todos en la misma. El día de la selección había una mujer que no quería saber nada, pero quedó como suplente y al final se quería morir porque no podía estar en la deliberación. Al principio nadie hablaba con nadie, nos mirábamos y decíamos ‘¿qué hacemos acá?’, pero después, en la deliberación, estábamos más cómodos». 

El resultado del juicio fue controversial. El jurado decidió que Ramón Narambuena, el único acusado del crimen a balazos del empleado municipal Raúl Fernando Guiñe (30), en medio de una discusión, no era culpable y que actuó en «legítima defensa».

La decisión fue tan inesperada que el juez que condujo el debate, Fernando Zvilling, le pidió a la presidenta del jurado que volviera a leer el veredicto. Y el fiscal Pablo Vignaroli reconoció que debían «esforzarse más» y «pulir» el sistema.

Olivia Crison (31) participó del juicio por jurados por "El crimen de Toma Norte", en Neuquén. Fue en agosto de 2016.

Olivia Crison (31) participó del juicio por jurados por «El crimen de Toma Norte», en Neuquén. Fue en agosto de 2016.

La hermana de la víctima, Laura Soto, se indignó con la decisión: «Los jurados volvieron a matar a mi hermano”, dijo.

«Al principio teníamos esa cosa rara de que nos veían la cara, de que los familiares del acusado estaban ahí. Tenés incertidumbre porque no sabés lo que va a pasar. Te preguntás; ¿cómo yo voy a poder decidir si es culpable o no? Vos te sentás ahí, te sentís re ajeno. Pero después escuchando, prestando atención, tomando notas, lo ves más claro. Éramos 12 personas completamente diferentes que nunca nos habíamos visto en la vida, pero llegamos a la misma conclusión», reflexionó Olivia.

Buenos Aires

«¿Qué hiciste, Andrés?», fue la primera pregunta de su mamá cuando un patrullero apareció para dejar la notificación. Él no había hecho nada, pero se enteró recién al día siguiente cuando fue a los Tribunales de San Martín a ver de qué se trataba. Andrés Bernhardt es vidriero y herrero, vive en José León Suárez y tiene 39 años. Fue parte del primer juicio por jurados de la provincia de Buenos Aires y, como lo eligieron presidente, estuvo a cargo de la lectura del veredicto.

«Me temblaban las piernas, en ese momento se te vienen muchas cosas a la cabeza. La sala estaba llena de políticos, de periodistas… Pero más allá de esos nervios lógicos, fue una experiencia muy buena», afirmó cuatro años después. 

Guillermo Barros (28) llegó a juicio acusado de haber matado a su ex cuñado, Gabriel Armella (30), en 2014, en un barrio de San Martín. El jurado decidió declararlo «no culpable». Consideraron que el disparo fatal fue producto de un forcejeo cuando Barros intentaba defender a su hermana.

«Le prestaba atención a todo, una vez que te vas sentís que te cambió la cabeza. Nunca había estado en un juicio ni laboral. Fueron tres días y medio, salías con la cabeza muy inflada con tantos testimonios y peritos. El segundo día fui tratando de buscar la verdad, de no errar. Si yo me equivocaba tenía la responsabilidad de que esa persona fuera presa 20 o 25 años«, comentó Andrés. 

Para él, su entorno y las pericias fueron la clave: «El sentido común nos guiaba, pero tampoco evalué la vida de este muchacho ni del fallecido. Yo no soy juez, pero cada uno saca sus propias conclusiones: vivo en un barrio, tengo familia, tengo hermanas. No digo que haya sido un santo, pero el acusado no tenía antecedentes, no tenía mugre en la espalda. Las pericias fueron claras y muy explicativas. Si bien el arma no apareció nunca, se usó una parecida para mostrar el forcejeo y eso fue muy claro».

Andrés Bernhardt entrega el veredicto del jurado popular en el primer juicio con esta modalidad en la provincia de Buenos Aires. Foto Gustavo Garello

Andrés Bernhardt entrega el veredicto del jurado popular en el primer juicio con esta modalidad en la provincia de Buenos Aires. Foto Gustavo Garello

Córdoba

​El sistema cordobés es distinto al resto de los que se incorporaron al Poder Judicial en otras seis provincias argentinas. En la tierra del cuarteto, un mismo ciudadano puede salir sorteado una vez al año para participar de un jurado popular: la primera es obligatoria, la siguiente es opcional.

A Sergio Sanglerman lo eligieron dos veces, el total que le permite la regulación porque «la cantidad de juicios superó a los ciudadanos que habían sido sorteados para ese período, algo posible pero poco habitual», aclararon en la Oficina de Jurados Populares del Poder Judicial de Córdoba.

De director técnico de equipos de básquet, Sergio pasó, sin escalas, a los Tribunales. Le tocó integrar el jurado en dos casos que calificó como «espeluznantes».

En 2018 fue uno de los 10 ciudadanos que decidieron condenar a una mujer, a 11 años de cárcel, por matar a su bebé recién nacido. El hecho ocurrió en julio de 2016 en Alta Gracia y el juicio se hizo en abril del año pasado.

«La primera vez fue más difícil, estaba sentado justo al lado de la chica imputada. Ella lloraba permanentemente, fue muy difícil. El fiscal había pedido una pena de siete años y el jurado solicitó 11. Independientemente de lo que uno piense, se tiene que demostrar por qué se pide esa pena. Uno está sentado ahí y cambia el ángulo de lo que puede opinar estando afuera. Nos pusimos de acuerdo la mayoría, ser jurado es algo único. La gente común está votando«, evaluó Sergio, que tiene 61 años, está separado y es padre de tres hijos.

El segundo juicio en el que participó terminó el 26 de abril y el jurado condenó a perpetua al albañil Héctor Abel Gómez (27) por el femicidio de la odontóloga Silvia Maddalena (38).

Sergio Sanglerman, jurado popular en Córdoba. Foto Javier Cortez.

Sergio Sanglerman, jurado popular en Córdoba. Foto Javier Cortez.

«Yo discutía, ‘pienso que es culpable’ o que tal ‘vaya preso’, pero son opiniones que uno tiene desde el desconocimiento. Después de ser jurado, uno se da cuenta que tiene que interiorizarse y escuchar. Se hablaba del juicio, decían cosas, pero la verdad es que nosotros no sabíamos qué íbamos a decidir hasta terminadas las audiencias. No es sólo sentido común, escuchás testigos, ves las pruebas, analizás la situación y recién ahí se llega a una decisión«, cerró Sergio.  

Jurados populares, el debate

El sistema de jurados populares se reavivó en Argentina al calor de los reclamos al Poder Judicial, muchas veces alejado de la sociedad. Si bien existe en la Constitución Nacional desde 1853 y fue refrendado en la reforma de 1994, no se aplicaba o al menos no se debatía su implementación hasta hace algunos años.

No sin polémica mediante, se implementó primero en Córdoba, en 2005, que eligió un sistema escabinado: incluye a dos jueces técnicos y a 10 ciudadanos.

Después se llevó a cabo en Neuquén (2014), Buenos Aires (2015) y Mendoza (hace unos meses), todos con sistemas clásicos, más parecidos al anglosajón. Chaco, Río Negro y San Juan ya aprobaron leyes y están cerca de ponerlos en marcha.

El crecimiento de la modalidad abre el debate sobre la legitimidad del sistema y su eficacia ¿Están capacitados los ciudadanos comunes para evaluar pruebas y decidir la suerte de una persona? ¿Es una manera de acercar la Justicia a la sociedad o demagogia punitiva? ¿Fiscales y abogados están preparados para presentar casos y lograr que personas ajenas al Derecho hagan una evaluación objetiva de las pruebas?

Para Aldana Romano, directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y autora de «El poder del jurado, descubriendo el Juicio por Jurados en la provincia de Buenos Aires», analizó: «Es cierto que la crisis institucional del Poder Judicial fue una ventana para que en varias provincias se vuelva a discutir el sistema juradista. Pero también es el único poder que no tiene participación de la ciudadanía, y esa participación suele ser disruptiva. Hay quienes siguen sosteniendo que quienes tienen conocimiento son los únicos que pueden tomar decisiones». 

Y cuestionó: «No hay que hacerle decir al jurado mensajes que no da. Los jueces sientan jurisprudencia, los jurados no. Si lo que queremos es entender por qué algunas defensas deciden llevar casos de justicia por mano propia a manos de jurados, lo que tenemos que analizar es la presentación de la prueba. Las estadísticas muestran un porcentaje alto de coincidencia entre lo que hubiera determinado un juez y lo que decide el jurado. Cuando los jurados han tenido que condenar a ‘justicieros’ lo han hecho y no les ha temblado el pulso. La principal diferencia es que los jueces profesionales actúan en relación a cómo han respondido en causas anteriores, el jurado analiza la prueba que le han presentado que es lo que debería ocurrir siempre. Y eso eleva la calidad de la prueba, del juicio y de la Justicia. Los jurados necesitan agarrarse de algo para decidir y ahí la prueba es fundamental».

Daniel «Billy» Oyarzún (38) tenía una carnicería en Zárate. El 13 septiembre de 2016, Marcos Alteño (24) entró armado al negocio y se robó el dinero de la caja. Brian González (24) lo esperaba arriba de una moto estacionada en la puerta. Comenzaron a escapar, pero Oyarzún salió, se subió a su auto y los persiguió.

A dos cuadras, Alteño se tiró de la moto y corrió. Oyarzún alcanzó a Brian y lo atropelló. El carnicero quedó filmado golpeando a González, quien estaba aplastado debajo su auto. El jurado popular lo absolvió al considerar que actuó en legítima defensa.

La causa del médico Lino Villar Cataldo (64) no fue menos polémica: el 26 de agosto de 2016, el cirujano dejaba su consultorio de San Martín cuando lo interceptaron para robarle el auto. Villar Cataldo estaba armado y Ricardo «Nunu» Krabler (24) arriba de su Toyota Corolla, listo para escapar. Tenía un pistolón que no funcionaba y lo escondió debajo de una pierna: el médico le disparó cuatro veces y lo mató en el acto. A pesar de que en el juicio se probó que la versión del acusado estaba cargada de contradicciones, un jurado popular lo absolvió.

El médico cirujano Lino Villar Cataldo, tras ser declarado inocente por un jurado popular. Foto Julio Sanders

El médico cirujano Lino Villar Cataldo, tras ser declarado inocente por un jurado popular. Foto Julio Sanders

Los de Oyarzún y Villar Cataldo fueron dos casos en los que «la justicia por mano propia» resultó avalada por los ciudadanos comunes. 

Micaela Corzo es abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y familiar de una víctima de gatillo fácil. Además, representó a la familia de Iago Avalos (17) en el juicio contra el policía que lo mató el 12 de mayo de 2017. El chico le había robado dos tazas de un auto estacionado.

El subcomisario de la Federal (PFA), José Pérez Buscarolo, lo persiguió y lo baleó: fue declarado responsable de «homicidio culposo», es decir involuntario, por un jurado popular. Lo condenaron a cinco años, pero zafó de la perpetua.

Los familiares y amigos de Iago Ávalos, en los Tribunales de Morón Foto: Enrique García Medina

Los familiares y amigos de Iago Ávalos, en los Tribunales de Morón Foto: Enrique García Medina

«Entendemos que los juicios por jurados van a ser un recurso de las defensas, particularmente de integrantes de las fuerzas de seguridad. Antes costaba mucho llegar a juicios en casos de gatillo fácil, que cumplan la pena o alcanzar la perpetua por el agravante de que son policías. Una vez que se instaló, encontraron esta veta. Es el Estado el que les sigue dando herramientas para garantizar impunidad. Es un sistema perverso para este tipo de delitos, estamos hablando de un miembro del Estado, tienen otra responsabilidad y otra capacitación, portan un arma provista por el Estado. La bala que mató a Iago la pagamos todos nosotros«, analizó Corzo. 

Y agregó: «El juicio por jurados puede ser muy peligroso para este tipo de hechos, no podemos apelarlo ni podemos opinar sobre su implementación por que es decisión del imputado. Hay oportunidades en las que la gente no tiene la capacidad de desentrañar ciertas cosas, tiene miedo y no se da cuenta que ese miedo o esa idea está distorsionada. A veces se prefiere una billetera o un celular antes que una vida. En los casos de gatillo fácil se cuestiona primero a la víctima y después al asesino. Buscarolo tuvo todas las garantías de la Justicia que se le negaron a Iago y eso es algo que preocupa y mucho».

Julián Axat, titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia de la Nación (Atajo), habló sobre la constitucionalidad del sistema y la necesidad de educar a los ciudadanos para su desarrollo: «La Corte Suprema de Justicia, de alguna manera, ha declarado la constitucionalidad del sistema con un fallo reciente. Muchas dudas que había se han ido saldando con el correr de las primeras experiencias, pero hay que tener en cuenta la necesidad de construir una cultura de juicios por jurados en Argentina. Y eso se logra con una política pública y fundamentalmente desde la educación. La cultura de juicio por jurados implica entender que la evaluación de la prueba la hace el jurado. La administración de justicia encuadra la prueba, pero quien decide y evalúa es el ciudadano«. 

Aunque aclaró: «Ahora, si vamos a usar el juicio por jurado como un sistema de demagogia punitiva para perseguir pobres, no funciona. No es una política de seguridad, en definitiva es una garantía más del imputado». 

Juicio por jurados a Lino Villar Cataldo en los Tribunales de San Martín. Foto: Luciano Thieberger.

Juicio por jurados a Lino Villar Cataldo en los Tribunales de San Martín. Foto: Luciano Thieberger.

La implementación del sistema «ha ido modificando las estructuras de los juicios», coinciden las fuentes. Por eso, jueces, fiscales y abogados han tenido que actualizar la exposición de las pruebas. Trabajar la «capacidad performática, la oratoria» y tomar «clases de teatro» son algunas de las capacitaciones más repetidas entre distintos actores del Poder Judicial con la mirada puesta en convencer al jurado. 

Para el juez Mario Juliano, de Necochea, los veredictos de los jurados tienen un «nivel de legitimidad mucho más cercano a la experiencia de la ciudadanía».

«Los ciudadanos deciden con un nivel de independencia del que carecemos en el Poder Judicial. Somos jueces permanentes, tenemos un acostumbramiento en nuestro trabajo. Definir qué es sentido común es una tarea muy difícil, lo cierto es que el jurado es un juez diferente, son ciudadanos con experiencias de vida que no tienen la previsibilidad de un juez. También tiene una influencia muy grande el modo en que las partes le presentan el caso, esto requiere una gran habilidad de las partes», concluye.

EMJ

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